En reacción al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, los potentados del Valle del Yaqui intentan emprender una campaña agitando dos consignas principales: la cancelación del Acueducto Independencia y su oposición a la creación del Distrito 018 (véase El Imparcial de Hermosillo, 27/9/21). Este distrito es la base para conducir, mediante un acueducto aún por construir, 50 por ciento del agua de la presa la Angostura, que por derecho corresponde a la tribu, pero mañosamente escamoteada por más de 80 años.
Uno de los aspectos que ayudan a entender el asunto del agua en el Valle del Yaqui consiste en saber que el acueducto Independencia no es el único que absorbe agua del río Yaqui. Hay dos más, y cada uno con una larga historia. El primero, aparentemente sin nombre, se conecta a la presa de la Angostura y se extiende a lo largo de 25 kilómetros hasta la mina de la Caridad, en Nacozari, del consorcio Grupo México, cuyo principal accionista es Jorge Larrea. Este acueducto se construyó casi clandestinamente en el gobierno de Luis Echeverría, exclusivamente para servir a las necesidades de agua de la mina (la población de Nacozari se abastece de pozos cercanos). Teóricamente este acueducto habría de proveer a la minera de 44 millones de metros cúbicos por año, pero dado que opera por gravedad, todo el año permanece abierto, y durante más de cuatro décadas las autoridades responsables sucesivas no han informado de qué volumen son los caudales enviados a la Caridad. El segundo acueducto se conecta a 10 pozos aguas abajo de la presa del Oviáchic o Álvaro Obregón; surte en parte a la población de Guaymas, y a la población de San Carlos. Tiene una extensión de 120 kilómetros y permitió el desarrollo inmobiliario y turístico de San Carlos, ocupando los mejores lugares residentes estadunidenses, las trasnacionales hoteleras y la élite de negociantes y políticos sonorenses. La filtración de esos pozos alcanzaba 550 litros por segundo, insuficientes para las necesidades del puerto de Guaymas, por lo que desde 2004 se proponía aumentar a 800 litros por segundo. Desde un principio, este acueducto ha presentado fallas graves.
El Acueducto Independencia es el tercero y el de más reciente tendido; empezó a funcionar en 2013. Lleva agua a las colonias del sur de Hermosillo y en 135 kilómetros traslada 75 millones de metros cúbicos anuales a la capital del estado, trasvasando a la presa Abelardo L. Rodríguez de la parte sureste de la ciudad. Además de los acueductos, están los canales derivadores del Distrito 041 controlado por los grupos oligárquicos del Valle del Yaqui. Denominados canal Alto y Bajo, riegan aproximadamente 237 mil hectáreas de cultivo del Valle (Luna, 2007). Esta agua, proveniente de las tres presas del río Yaqui, adicionalmente está destinada también al uso industrial y al consumo humano de Ciudad Obregón, la segunda más grande de Sonora. Así, cuando se agita la demanda de cancelación del Acueducto Independencia, los agroindustriales del valle, por interés olvidan al acueducto que surte de agua a la minera del Grupo México en Nacozari. ¿Solidaridad de clase?, quizá, pero también es necesario que las autoridades aclaren cómo se está financiando esa agua y si en efecto existe un título de concesión legal que ampare ese acueducto. Por lo demás, estudios señalan la depredación del agua en el valle del Yaqui, y el terrible desperdicio, lo que también afecta al patrimonio yaqui, sobre todo en Bahía de Lobos y otros puntos de su territorio. Pero el primer efecto positivo del plan de justicia consiste en que por primera vez en muchos años los ocho pueblos han elegido a sus autoridades siguiendo los protocolos del derecho yaqui. De esta manera han suprimido los gobiernos denominados “duales,” impuestos por PRI y PAN con la ayuda de algunos yaquis formados en la escuela política de esos partidos. Es importante señalar que para el derecho yaqui no existen los puestos de “voceros”. Esta es una figura inventada por los gobiernos neoliberales para manipular la información relativa a los yaquis, pues ellos se toman muy en serio la información hacia afuera de su territorio, casi siempre por escrito. En el caso de entrevistas, éstas deben realizarse en la guardia tradicional con permiso de las autoridades yaquis. Como podemos ver, los próximos episodios de la historia de este pueblo están por escribirse para saber si el plan de justicia se refleja en la realidad social, económica y política a largo plazo de su población y territorio. Una desviación del plan podría significar el estancamiento de la nación yaqui y, casi seguro, su derrota los perseguiría por muchos años. (Algunos datos fueron tomados de la tesis Derechos, usos y gestión del agua en territorio yaqui, de Gustavo Luna Escalante, presentada en El Colegio de Sonora, 2007.)
