A lo largo de la historia moderna del país, el sector eléctrico ha estado en disputa. De un lado, se encuentran quienes sostienen que esta industria es, por racionalidad económica, un monopolio natural integrado, estratégico para la soberanía nacional, que debe estar regido por el Estado con una orientación de servicio público. Del otro, quienes lo ven como negocio que debe estar en manos privadas, verdadero “motor del progreso”.
La industria eléctrica en México nació de la mano del capital privado y el Estado tuvo que intervenir para remediar sus carencias y limitaciones. A mediados de la década de 1930 el grueso del sector estaba en manos de dos empresas extranjeras. Su gestión era muy deficiente. Había diferencias en los voltajes de distribución y frecuencia de generación. El suministro era inadecuado y las tarifas altas. El servicio era caro y malo. Las quejas de los consumidores eran frecuentes.
Así, el 2 de diciembre de 1933, el general Abelardo L. Rodríguez envió al Congreso la iniciativa para crear la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como una dependencia descentralizada, destinada a dirigir y organizar el sistema eléctrico nacional con un enfoque social y sin afán de lucro. La comisión entró en funciones con Lázaro Cárdenas, quien el 14 de agosto de 1937 promulgó la ley para constituirla. El organismo convivió de manera subordinada con las empresas extranjeras durante 23 años.
Según el dirigente electricista Rafael Galván, uno de los más importantes líderes obreros democráticos del país, “las concesiones extranjeras sólo satisfacían el afán de lucro, eran fuente de explotación y no multiplicadores de la actividad económica. Había una evidente contradicción entre empresas y los intereses del progreso nacional”.
El desarrollo del país requería unificar las prácticas de la industria, de forma que pudieran interconectarse las redes. En 1960, el gobierno compró todas las propiedades mexicanas de Impulsora de Empresas Eléctricas, y 90 por ciento de las acciones de la Mexican Light and Power Co. Heredó un caos. Una de las primeras tareas del nuevo consorcio estatal fue poner orden. La solución era compleja, al punto de que sólo pudo resolverse hasta 1976. La mexicanización permitió la expansión del sector y facilitó la industrialización.
“La nacionalización eléctrica –dijo Galván– no perjudica al pueblo. Siempre tuvimos la certeza de que una industria fundamental para el desarrollo del país no podía estar en manos privadas.”
La reforma de López Mateos estableció el principio constitucional de la exclusividad en favor de la nación del servicio público de electricidad. Adicionó al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, la atribución a la nación de la competencia exclusiva para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. La reforma constitucional de 2013 echó abajo este principio (https://bit.ly/3r7Ncbx) y abrió de lleno la puerta de la privatización.
La lógica que rige los precios por la venta de servicios o mercancías entre una empresa pública y una privada puede tener importantes diferencias. Una compañía estatal, como la CFE, puede fijar precios estables o aumentos predeterminados por un año u otro periodo largo, y mantenerlos. Una compañía comercial privada reacciona a las condiciones instantáneas del mercado con variaciones súbitas y desmesuradas en los precios, lo cual en modo alguno conviene al consumidor.
Mientras una empresa pública puede operar con criterios sociales y de promoción del desarrollo nacional, las privadas funcionan sobre la base de las ganancias rápidas y seguras. Si un inversionista no saca el beneficio que quiere, puede incumplir sus promesas de pago o de costos. El que su negocio tenga por materia un servicio público fundamental, como el eléctrico, no lo fuerza a cambiar su comportamiento. Si la generación eléctrica se convierte en negocio y no en servicio público, quien lo emprende debe sacar los costos, incluyendo los financieros, y una utilidad (al menos, mayor que los intereses que se obtienen de los bonos).
Por eso la reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso, para cancelar los contratos con particulares que imponen a la CFE comprar electricidad en demérito de su capacidad de generación y crean un ilegal mercado paralelo, apunta en la dirección correcta. Es un paso relevante en la recuperación de la soberanía energética.
Sin embargo, como en 1967 lo señalaron los electricistas democráticos dirigidos por Galván (quien, según Adolfo Gilly, se propuso “cambiar la lógica del Estado a partir de la movilización y la presión del movimiento obrero sobre él”), las empresas nacionalizadas también pueden funcionar “como fuentes de enriquecimiento ilícito y de beneficio directo e indirecto de minorías privilegiadas y de explotación de trabajadores”.
En la hora de –como decía Galván– “batir el tambor del alba cuando la noche aún no se retira” y avanzar en la soberanía energética, la reforma eléctrica debe recuperar el principio de la exclusividad del sector público en favor de la nación. Asimismo, está obligada a reconocer el precepto del Convenio 169 de la OIT, que establece consultar a los pueblos originarios si sus intereses son afectados. Y requiere incorporar mecanismos que impidan las deficiencias en el funcionamiento de las empresas nacionalizadas, que benefician “minorías privilegiadas”.
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