La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados iniciará mañana la redacción de los dictámenes en materia de ingresos 2022 y prevé aprobarlos en una sesión presencial el jueves, con la finalidad de que el pleno los vote probablemente el viernes. Si la discusión se extiende, entonces el proyecto se llevaría hasta el martes 19, esto es un día antes de la fecha límite.

La comisión plantea precisiones para que, sin afectar la recaudación, no se aprueben medidas que puedan alegarse como “de terrorismo fiscal” ni sanciones a los jóvenes que a partir de los 18 años serán obligados a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aun cuando no tengan empleo ni actividad económica.

Mientras tanto, empresarios pidieron a los legisladores no aprobar que los auditores públicos puedan ser responsables de encubrimiento de delito fiscal y aclarar los mecanismos del nuevo régimen tributario de confianza; la cúpula del PRI informó que las tres bancadas de oposición presentarán en breve su proyecto de presupuesto alterno.

Además de las observaciones al régimen de confianza, en el parlamento abierto convocado para analizar el paquete de ingresos, Patricia López Padilla, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró grave la persecución que se pueda dar a los contadores.

Agregó que la cancelación del sello digital a empresas que tengan como proveedores firmas que facturan y deducen operaciones simuladas “sería la muerte civil y la paralización” de compañías.

La comisión analiza que la decisión de que los jóvenes se den de alta en el RFC sea opcional, no genere un nuevo registro de población y no sea sancionable. Al respecto, López Padilla también solicitó que no sea otro listado poblacional, y no se obligue a este sector a presentar sus declaraciones fiscales ni se les penalice cuando no tengan una actividad económica.

Durante la reunión de trabajo, Guillermo Dillon, de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, dio la bienvenida al régimen de confianza, pero indicó que no está definido el formato por el cual las empresas deberán presentar su declaración.

Explicó que el nuevo modelo permitirá simplificar el pago de impuestos al aplicar una tasa fija sobre ventas y no en utilidades, a las que tengan negocios de hasta 3.5 millones de pesos al año. La información sobre el pago estará precargada, pero al no quedar expreso el formato en la iniciativa “ahí es donde se atora la carreta”.

A su vez, los productores de bebidas alcohólicas insistieron en su propuesta de modernizar el pago del IEPS al sector con objeto de que el gravamen se pague de acuerdo con el porcentaje de alcohol y no sobre el valor de sus productos.

Nora Morales, representante del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que la obligación de los contadores de presentar denuncias penales cuando en sus funciones detecten un delito “es una violación clara al principio de autoincriminación del contribuyente en perjuicio de la independencia de los auditores”.