Ayer La Jornada dio a conocer las denuncias de cinco ex funcionarios del gobierno de Chihuahua por la tortura sicológica a la que los sometieron el ex gobernador Javier Corral y el ex fiscal César Peniche. De acuerdo con los testimonios obtenidos por este diario, el ex mandatario panista convirtió la Casa de Gobierno en “un centro de operaciones policiacas y ministeriales”, donde se integraban los conocidos en esa entidad como “Expedientes X” en contra de “sus opositores de antaño y de quienes veía como futuros competidores políticos”.
Los personajes entrevistados informaron que la administración de Corral echó mano de amenazas, chantajes, retenciones ilegales y otras conductas delictivas para forzarlos a convertirse en “testigos colaboradores” en los casos que el ex gobernador deseaba armar contra adversarios y opositores. En el transcurso de los interrogatorios, que podían prolongarse por más de 12 horas y repetirse a lo largo de meses, se mantenía a los “testigos” en total aislamiento, sin abogados defensores, alimentos, agua ni uso de sanitarios, y se les instaba a que “recordaran” los ilícitos que la fiscalía deseaba achacar a distintas personas.
En reacción a estas informaciones, la gobernadora María Eugenia Campos Galván consideró que “no se veía esto desde hace 50 años en nuestro país” y recordó que ella misma fue judicializada con base en señalamientos de “testigos a modo”; mientras el actual fiscal, Roberto Javier Fierro Duarte, anunció que abrirán una investigación a los ministerios públicos que integraban la “Unidad de los Expedientes X”. Para la mandataria y correligionaria de Corral, “de confirmarse esta situación se hablaría de abuso de autoridad, vulnerabilidad de los derechos humanos de los chihuahuenses para fines personales”.
Estas acusaciones contra Javier Corral constituyen un nuevo y preocupante indicio del nivel de degradación que experimentó la administración pública en su periodo, así como de la necesidad de emprender una investigación exhaustiva que aclare la posible comisión de delitos bajo el amparo del poder, y deslinde o finque las debidas responsabilidades.
Al margen de las disputas y rencillas entre Campos Galván y su antecesor, está claro que las denuncias de uso del aparato de justicia estatal para la persecución y el amedrentamiento de rivales del panista revisten la máxima gravedad y no pueden quedar impunes, pues la acción de la justicia es imperativa para alejar de todo funcionario la tentación de hacer un uso indebido de sus atribuciones.
