La Paz. Varias ciudades de Bolivia fueron escenario ayer de protestas convocadas por la oposición, organizaciones ciudadanas y gremiales en “defensa de la democracia” y en contra de normas que impulsa el gobierno de Luis Arce, en un paro que el depuesto mandatario Evo Morales calificó de “fracaso”.

Se trata de las mayores manifestaciones antigubernamentales desde la crisis de 2019, cuando se prepetró el golpe de Estado contra Morales.

“La conspiración antidemocrática no ha sido derrotada con los comicios del año pasado, vuelve a alzar la cabeza, provocando disturbios y la desunión entre bolivianos para crear las condiciones de un nuevo golpe de Estado que, de prosperar, echaría por tierra toda nuestra lucha por impulsar las acciones que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha anunciado”, sostuvo el mandatario al participar en el Encuentro Mundial de los Pueblos por Nuestra Madre Tierra, en La Paz.

“Todas las acciones y esfuerzos que realizamos en nuestro país corren el riesgo de diluirse y paralizarse, porque afectan intereses económicos de los privilegiados de siempre”, subrayó Arce tras rechazar el paro y las movilizaciones contra el proyecto de “ley contra la legitimación de ganancias ilícitas”.

En todo caso, dijo que confía en que la gran mayoría ya dejó atrás esos “nefastos” periodos de la historia del país.

La policía enfrentó con gas lacrimógeno a manifestantes que bloquearon avenidas y hubo enfrentamientos callejeros sin mayores consecuencias, sobre todo en Santa Cruz y Cochabamba, mientras en La Paz vendedores callejeros y pequeños comerciantes protagonizaron una marcha para rechazar un proyecto de ley que impulsa el gobierno y que los gremiales afirman “afecta a la propiedad privada”.

A la protesta convocada contra el proyecto de ley contra las ganancias ilícitas se sumaron gobernadores y alcaldes opositores que denuncian al gobierno por utilizar la justicia para “castigar la disidencia y perseguir a los opositores” que protagonizaron las protestas de 2019 que derivaron en el golpe contra Evo Morales, aseguró Manuel Morales, del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

Los comicios de ese año, en los que Morales ganó un cuarto mandato, fueron calificadas por la oposición de fraudulentas, aunque no se presentaron pruebas, lo que derivó en enfrentamientos que se saldaron con 37 muertos.

Arce, heredero político de Morales, impulsa procesos judiciales contra varios de los golpistas, entre ellos, la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, presa desde marzo acusada de terrorismo, conspiración y sedición.

Áñez era senadora y asumió el poder de manera “transitoria” mientras se convocaba a elecciones. El proceso se retrasó por meses debido a la pandemia.

Santa Cruz –en el oriente, motor agroindustrial del país y reducto opositor– era el centro de las protestas. La ciudad la más poblada del país estaba paralizada, sin transporte, con comercios, mercados y oficinas cerradas. La huelga en esa región fue convocada por el gobernador Luis Fernando Camacho, jefe de la segunda fuerza política opositora.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que en gran parte de las ciudades había “normalidad” en las calles.

Evo Morales, líder del MAS, tuiteó: “Saludo el compromiso del pueblo boliviano que no quiere ser cómplice del golpe, defiende la democracia; no es cómplice del separatismo, defiende la unidad del país y no quiere hacer daño a la economía”.

Para contrarrestar a la oposición, el gobernante MAS convocó para hoy a una marcha en La Paz, en apoyo a Arce.

En este contexto, la Procuraduría General inició un recuento de las actas de las elecciones generales de 2019, en busca de la “verdad histórica” de esos comicios, ganados por Morales y anulados por denuncias de fraude.

“En el pueblo ha quedado una duda de si ha existido o no un fraude electoral. A partir de hoy vamos a verificar si estas actas fueron un engaño”, comentó el procurador Wilfredo Chávez, al comenzar el proceso, acto al cual no asistían autoridades electorales ni representantes de la oposición.

El recuento consiste básicamente en una comparación de los resultados consignados en las 35 mil actas de votación, disponibles por ley en un archivo público digital del Tribunal Supremo Electoral, y el cómputo oficial de las elecciones cuestionadas.

Ese cómputo dio ganador a Morales, con diferencia suficiente para evitar una segunda vuelta, pero la oposición no lo aceptó y acusó, sin pruebas, que había fraude, lo que fue avalado por la Organización de Estados Americanos, que entonces dijo que había detectado “irregularidades”, algo que fue refutado por varias investigaciones de universidades estadunidenses y organismos internacionales.