En julio de 2020, al juez Artemio Zúñiga Mendoza le pareció que los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), ante la diligencia judicial que él encabezaba, habían expuesto razonamientos que deberían llevar a la solicitud de prisión preventiva justificada para Emilio Ricardo Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos acusado de diversos actos de corrupción.

Pero la FGR no solicitó nada proporcional a la magnitud de los hechos que pretendía sustanciar ante el togado, quien expresó: “Me parece que la motivación va encaminada a la solicitud de una prisión preventiva justificada, pero la conclusión es diversa. Sólo la Fiscalía puede solicitar la prisión preventiva justificada y eso lo deja patente, ya que más allá de la motivación de la Fiscalía ha solicitado otras medidas, pero no la (prisión) justificada. Y yo no puedo poner una medida más grave que la que me piden los fiscales” (Arturo Ángel: https://bit.ly/3Avk5TW)./

La FGR, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, sólo solicitó y obtuvo que a Lozoya se le prohibiera salir del país y de la Ciudad de México, se le colocara un aparato de supervisión electrónica (un brazalete) y la entrega de su pasaporte. El juez agregó que el imputado debería ir al juzgado a firmar cada 15 días.

En estricto sentido jurídico, Lozoya Austin ha podido asistir a donde desee, siempre dentro de los límites nacionales. No está sujeto a arraigo domiciliario, sino a medidas cautelares menores o distintas.

Sin embargo, este sábado se conoció de su asistencia a un restaurante de comida china en las Lomas de Chapultepec, el Hunan, de gran lujo, y eso desató una serie de críticas que en lo general, a juicio de este tecleador en libertad sin condición, reflejan el enojo y la profunda insatisfacción social que han causado los sistemáticos privilegios de que ha gozado el reprobable personaje mencionado.

Esos privilegios, como no pisar la cárcel, estar en libertad condicionada, no firmar presencialmente en el juzgado y disfrutar de su riqueza mal habida, contrastan ofensivamente con la ineficacia mostrada hasta ahora en el aprovechamiento social e institucional de la figura de protección ofrecida a Lozoya a cambio de que delatara a sus cómplices superiores, que en el caso no pueden ser más que Luis Videgaray Caso, el virtual vicepresidente peñista hacia quien el ex director de Pemex mantiene enfurecimiento por pugnas internas, y el propio Enrique Peña Nieto, beneficiario a fin de cuentas de uno de los casos a juicio, el envío de millones de dólares de Odebrecht a la campaña presidencial del alegre mexiquense.

La blandura de Gertz Manero hacia Lozoya habría merecido tener un asiento en el citado restaurante Hunan, pues gracias a ella es que un exfuncionario bajo acusación de grave daño a la nación puede salir de casa y asistir a reuniones públicas o privadas sin mayor consecuencia que, en todo caso, la reacción derivada de la publicación de fotografías como las que difundió la columnista Lourdes Mendoza ( El Financiero, Azteca y ADN 40, revista Vértigo, Eje Central y Expansión Política), ejercitante de un periodismo que provoca reacciones adversas en segmentos favorables a la llamada Cuarta Transformación, quien presentó demanda por daño moral contra Lozoya por haber declarado que Videgaray le había pedido comprar un bolso de lujo y pagar colegiaturas familiares a la columnista.

El debate en redes sociales incluyó la revisión de horarios del tuiteo de las fotos del Hunan y otros detalles sobre la presunta autoría real de tales gráficas (el empresario Simón Levy llegó a ofrecer 500 dólares a quien demostrara que Mendoza había tomado personalmente las fotografías).

Pero lo importante, lo trascendente, es la tardanza de la FGR, de Gertz Manero, en mostrar a la sociedad que la lucha contra la corrupción va en serio y no se ha atorado en pactos y arreglos que permiten impunidad o castigos menores o, como en los casos de Videgaray y Peña Nieto, una condición de inalcanzables para los anhelos de justicia. ¡Hasta mañana!

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