Vícam, Son., El acueducto Independencia opera de forma ilegal y provoca daños irreversibles a la etnia yaqui, denunciaron autoridades tradicionales, con el respaldo de organizaciones civiles como Indigenous Peoples Rights International (IPRI), durante el Festival de la Existencia celebrado en el pueblo Estación Vícam, al sur de Sonora. Demandaron al gobierno federal que incluya su cancelación en el plan de justicia.

Con exposiciones, música, danza, pinturas, cine y charlas, la tribu expresó su repudio a la operación del canal, el cual se construyó sin informar, ni consultar a la tropa indígena, lo que ha provocado daños antropológicos que obstruyen su cultura, ritualidad y cosmovisión.

La escuela yaqui Sewa Tomteme fue la sede de la reunión híbrida, con invitados presenciales y otros que se conectaron a través de plataformas digitales, como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, invitado especial, quien exhortó al gobierno federal a respetar los decretos presidenciales establecidos en 1937 y 1940, a cancelar la operación del acueducto y hacer justicia por los líderes indígenas asesinados en los últimos seis meses.

“Es indispensable que se respeten las disposiciones del decreto de 1940 para hacer entrega cabal del territorio yaqui, pero sobre todo para que pueda disponer de su agua, en específico 50 por ciento de los volúmenes de líquido que se almacena en la presa de Angostura. Creo indispensable, como lo dije hace algunos días, la cancelación, que no sólo en su construcción ha violado disposiciones legales, además se ha permitido a la vista de las autoridades”, refutó Cárdenas Solórzano.

Mario Luna Romero, vocero de la tribu, dijo que es imperdonable que el Instituto Nacional para los Pueblos indígenas y la Federación no incluyeran en el plan de justicia para la etnia la suspensión del ducto, después de ser la lucha más costosa para los yaquis en los últimos años.

Evidenció que los resolutivos y ordenamientos judiciales de la Suprema Corte de Justicia para la Nación (SCJN) y la Organización de las Naciones Unidas fueron ignorados.

Después de un largo litigio, el 8 de mayo de 2013, la SCJN resolvió a favor de los yaquis, y otorgó el amparo en contra de la autorización de impacto ambiental, avalada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para la edificación del ducto, el cual quedó sin permiso para operar.

Luna Romero, quien fue preso político durante el sexenio del panista Guillermo Padrés (2099-2015) por oponerse a la obra, precisó que “dentro de la tribu yaqui los acuerdos se toman en consenso, en la guardia tradicional donde todos participan. Esta ausencia de toma de decisiones culturalmente adecuada es lo que ha evitado que este plan de justicia progrese y tenga mejores resultados, por eso ha tenido omisiones graves como la lucha por la defensa del río Yaqui, dejándola fuera por intereses económicos y abusivos que no abonan a la unidad de la tribu”, agregó.

Alberto Solís Castro, de la organización civil Serapaz, comentó que atestiguó una serie de anomalías de las autoridades estatales y federales durante la construcción de la obra hídrica.

Expuso que bajo el análisis antropológico realizado en la zona se demostraron la cantidad de daños que ocasiona a la cultura y cosmovisión, lo cual fue desechado por el gobierno federal al señalar que esos argumentos no eran medibles.

“Un elemento que más indignación se generó fue cuando la tribu preguntó cuál sería el impacto en los términos antropológicos que se pudiera provocar a la cultura de la tribu con la operación del acueducto y la respuesta del Estado fue que esto no se puede analizar desde el punto de vista de la tropa original”, recordó.

Afecta tradiciones milenarias de la tribu

Citlally Hernández Saad, representante de la IPRI, planteó que el peritaje antropológico demostró cómo disminuye en el cauce del río Yaqui, los alimentos, las plantas medicinales y algunas tradiciones milenarias de la etnia.

El 28 de septiembre, durante la ceremonia de petición de perdón a los pueblos originarios, realizada en Vícam Pueblo, Cárdenas Solórzano exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a cancelar el acueducto Independencia. Al día siguiente, en su conferencia matutina, el mandatario respondió: “Eso sería problemático, vamos a verlo con calma”.

Actualmente, el canal continúa operando de manera ilegal y sirve para abastecer de agua a la mitad de los habitantes del norte de Hermosillo, así como las más gran-des empresas que operan en la capital de Sonora; mientras los indígenas de los ocho pueblos yaquis carecen del líquido, servicio de alcantarillado y distribución, acusaron las autoridades tradicionales.