El Presidente de la República ha reclamado a las/los académicos universitarios el pronto regreso a clases presenciales y, también, ha convocado a la rebelión en contra de las mafias institucionales. Sin embargo, la historia de las intervenciones gubernamentales –y este gobierno no es la excepción– ha marchado una y otra vez durante un siglo en dirección a favorecer a las mafias y a contener rebeliones.
Lo hizo en 1929, en 1933, en 1946, en la década de los 50, en el IPN, la U. Michoacana, la de Sonora; en la de los 60, contra estudiantes de las normales rurales, contra los de la UNAM y el IPN –sangrientamente–; luego, en la de los 70, desapariciones y represión contra estudiantes y universitarios sindicalizados; en la de los 80, granaderos contra protestas por el recorte a los salarios y el pago de la deuda, y en la década de los 90, exámenes discriminatorios para estudiantes y evaluaciones meritocráticas y salarios a destajo para académicos (que hoy este gobierno mantiene).
Represión abierta en la UNAM en 1999-2000: la rebelión contra el alza de colegiaturas, los exámenes del Ceneval y los plazos perentorios para titularse, termina con mil estudiantes presos. En 2013, 2014, normalistas muertos y desaparecidos. El Mexe también. Y en esta larga historia nunca el gobierno federal ha estado del lado de estudiantes y maestros. Hoy, la recién aprobada Ley General de Educación Superior, impuesta por la SEP, favorece precisamente a burocracias que unilateralmente establecen requisitos de admisión. Las exime de cumplir con la gratuidad y les abre anchas puertas para que procedan a la mercantilización intensiva (“recursos propios” se llama la figura) de las instituciones públicas.
Cien sindicatos de académicos y administrativos, colectivos estudiantiles de Puebla, Sonora, Baja California y la Coalición Trinacional protestaron y demandaron insistentemente a la SEP de este gobierno e incluso directamente al Presidente, que modificara esos aspectos de la propuesta de ley. Y además, pedían que se incluyera una “cláusula democrática” que legitimara en cada institución la realización de cambios hacia una mayor participación ya no de mafias, sino de las/los propios universitarios en la conducción institucional. Negativa absoluta y reiterada.
Y la otra parte de la historia, sobre todo a partir de la década de los 90, es la manera como los gobiernos impulsaron y presionaron a la entrega de la universidad autónoma, espacio de libertad de pensamiento e investigación, a otro grupo de poderosos intereses: el sector privado político, educativo e industrial. Ahí, también, protestas desoídas, una manera de reprimir. Sólo hay reacción cuando se llega al exceso: una asociación civil, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (Fox) clona una parte del Conacyt y se apropia de una función clave para el país: orientar el rumbo de la ciencia y la tecnología. Aquí está la inapropiada incidencia de lo privado en lo público –que explica Francisco López Bárcenas ( La Jornada, 7/10/21). El propósito de establecer una alianza con estos intereses, sin embargo, no ha desaparecido; sigue presente aunque disminuido en la propuesta de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
En otro caso similar, sin hacer caso a las protestas desde hace 28 años, el gobierno mantiene la tesis (Salinas-Zedillo) que sostiene que pertenece al ámbito de lo privado la determinación de los criterios, la forma de evaluación y la operación misma de los procedimientos de ingreso a la educación media superior y superior pública. Y para eso, otra asociación civil. En ella participa, además, el actual gobierno: el Ceneval, AC, en violación al derecho a la educación, éste no sólo define quiénes tienen más derecho que otros a ingresar a ciertas instituciones (concurso de selección o asignación), sino que se ha convertido en una próspera industria privada; en casi 30 años, ingresos por miles de millones de pesos. Y pese a las protestas y rebeliones, estos son los exámenes que aún hoy hace obligatorios el gobierno federal.
En general, las universidades y las y los académicos, contradiciendo a Tv Azteca y al mismo Presidente, han estado en procesos de intensa actividad académica a distancia. Y ahora avanzan en la determinación de las formas del retorno a clases presenciales porque no se quiere que las autoridades las definan solas y porque hay preocupación por las y los estudiantes no vacunados. Similar intensidad debería darse en la SEP para introducir cambios a la legalidad y a la práctica de la gestión que hasta hoy protege a mafias burocráticas y a intereses de grupos privados que actúan dentro y en torno a las instituciones del conocimiento nacional. El reclamo presidencial, así como el de los universitarios –estudiantes y trabajadores– y el de los/las maestras pueden encontrarse a mitad del camino. Pero la SEP ya debe mostrar que hay voluntad de cambiar.
* UAM-Xochimilco
