La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció ayer que 136 países alcanzaron un acuerdo para establecer un impuesto mínimo global de 15 por ciento a las empresas multinacionales. Se espera que el nuevo esquema fiscal ayude a recaudar 150 mil millones de dólares adicionales y a poner fin a la ruinosa “carrera por el impuesto más bajo”, en la cual las naciones ofrecen incentivos cada vez mayores para que las compañías se instalen en sus territorios. Sus impulsores lo han presentado como un logro histórico en la medida en que los Estados signatarios representan 90 por ciento del producto interno bruto mundial, incluidos todos los miembros de la propia OCDE, entre ellos México; de la Unión Europea (UE) y el G-20.
Los dos elementos centrales del pacto son la referida tasa mínima de 15 por ciento para las empresas que facturen más de 867 millones de dólares anuales, y regulaciones para hacer que paguen impuestos en los países donde venden sus productos o servicios, no sólo en aquellos donde ubican sus domicilios fiscales. Esta segunda medida únicamente aplicaría a trasnacionales con una facturación mundial superior a 23 mil millones de dólares y rentabilidad mayor a 10 por ciento.
Como ya dejan ver las condiciones anteriores, el acuerdo toca a una parte muy pequeña de los contribuyentes, y está especialmente dirigida a las grandes compañías tecnológicas –como Facebook, Google y Apple–, las cuales han aprovechado la naturaleza intangible de sus operaciones para tributar en jurisdicciones distintas a las que suponen el grueso de sus ganancias. Asimismo, ha recibido críticas por quedarse muy lejos de una tasa realmente significativa y acorde con los colosales volúmenes de ingresos que hoy día manejan las megacorporaciones: el impuesto acordado es apenas 2.5 por ciento mayor al que cobra Irlanda, nación conocida como refugio fiscal para empresas como las tres mencionadas, y que recibió el compromiso de la UE de que la tasa no se incrementará en el futuro.
En este tono crítico, la directora de política fiscal de la organización no gubernamental Oxfam, Susana Ruiz, señaló que el acuerdo incluye “una compleja red de exenciones que podría dejar fuera a grandes infractores”, otorga un injustificable periodo de gracia de 10 años para que el impuesto global entre en vigor, y además contiene lagunas que lo dejan “prácticamente sin dientes” frente a compañías que son conocidas precisamente por echar mano de todo su músculo financiero, legal y de relaciones públicas para eludir cualquier obligación. Oxfam también advirtió que dos terceras partes de los ingresos fiscales adicionales se quedarán en las naciones más ricas.
Por lo visto, se encuentra todavía muy lejos la ocasión de que los líderes mundiales actúen en favor de las mayorías sociales y no como personeros de los intereses de un puñado de multinacionales habituadas a obtener pingües beneficios a costa del fisco y las sociedades. Cabe esperar que los ciudadanos presionen a sus autoridades para ir más allá en la obtención de ingresos fiscales con los cuales financiar acciones urgentes como el combate al hambre, la reversión del cambio climático y la continuidad o el despliegue de sistemas de seguridad social.
