Santiago. La Fiscalía de Chile anunció que el presidente Sebastián Piñera será indagado por delitos tributarios, cohecho y soborno posiblemente sucedidos en 2010, durante su primera presidencia, vinculados a la venta en el paraíso tributario de Islas Vírgenes del 33 por ciento de acciones que poseía en minera Dominga, cuyo pago se condicionó a que no hubiera cambios regulatorios medioambientales que obstaculizaran ese proyecto.

Marta Herrera Seguel, directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público (UNAC), señaló que el fiscal nacional, Jorge Abbott, “ha decidido iniciar de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como Pandora Papers, que tiene relación con la compraventa de la minera Dominga, vinculada a la familia del presidente de la república”.

Los Papeles de Pandora revelaron la existencia del contrato firmado en Islas Vírgenes por sociedades de la familia Piñera con su socio y dilecto amigo Carlos Alberto Délano, según el cual el tercer pago por la participación del presidente y de otros minoritarios por 152 millones de dólares sólo se concretaría bajo la premisa de que no se declarara bajo protección ambiental la zona donde se instalaría el proyecto, una petición hecha por organizaciones civiles y medioambientales que sigue sin ser aceptada.

El caso fue asignado a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien además de anunciar que la próxima semana dictará las primeras diligencias, explicó que “la definición se adopta luego de una revisión de los antecedentes hecha por la fiscalía, en virtud de la cual concluye que hay elementos que se relacionan a estos hechos que no fueron objeto del sobreseimiento con el cual terminó una indagación que realizó la fiscalía” en 2017.

El caso Exalmar

Se refiere a una querella interpuesta contra Piñera por el ex diputado comunista Hugo Gutiérrez, que investigó la adquisición en 2012 de acciones en la pesquera peruana Exalmar, también mediante una sociedad constituida en Islas Vírgenes, en pleno litigio por los límites marítimos entre Chile y Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuyo fallo favoreció a Lima, ocasión en que también se indagó la participación de la familia Piñera en Dominga.

Lo que entonces no se supo y por tanto no fue abordado, es que “el contrato en inglés, suscrito en Islas Vírgenes Británicas, no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir que efectivamente ese es un antecedente nuevo”, explicó Herrera Seguel.

En agosto de 2010, cinco meses después de haber asumido el gobierno, Piñera intervino de facto para bloquear la construcción de la termoeléctrica a carbón Barrancones, a apenas 26 kilómetros de Dominga, por entonces desconocida para la ciudadanía, lo mismo que la participación de Piñera. Al bloquear Barrancones, Piñera aparentemente buscó disminuir la presión ambientalista existente para proteger la zona.

La decisión de la fiscalía es un contundente mazazo a Piñera en el ocaso de su presidencia (concluye en marzo venidero), a lo cual llega profundamente desacreditado, con bajísimos niveles de apoyo, por la cruenta represión con que enfrentó el estallido social del 18 de octubre de 2019, con miles de víctimas, y por la insensibilidad y precarias ayudas gubernamentales a las familias durante el primer año de la pandemia de Covid-19, que sólo mejoraron a mediados de 2021, durante la segunda ola, por la presión opositora y de los propios partidos oficialistas, que temen una debacle electoral en las presidenciales y legislativas del 21 de noviembre.

Además, el gobernante –que ha desconocido los hechos amparándose en que sus negocios están a cargo de “fideicomisos ciegos” supuestamente autónomos en sus decisiones de inversión– enfrentará una acusación constitucional a presentarse la semana venidera en la Cámara de Diputados, la cual parece tener buenas probabilidades de éxito, porque la totalidad de la oposición, que es mayoría amplia, ha prometido respaldarla. De suceder, Piñera sería suspendido en el cargo mientras la acusación es vista por el Senado, donde se requieren dos tercios de los 44 senadores en ejercicio para refrendarla, algo aún incierto.

Minera Dominga, pendiente de construirse, es un proyecto de 2 mil 500 millones de dólares para producir concentrados de hierro y de cobre. Está en la comuna de La Higuera, aledaña a la reserva marina Islas Choros-Damas y la reserva nacional Pingüino de Humboldt, en la región de Coquimbo, 600 kilómetros al norte de Santiago.