Organizaciones que acompañan a víctimas y familiares de personas desaparecidas en la llamada guerra sucia reconocieron la creación de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia por las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas de 1965 a 1990 (CV 65-90). No obstante, destacaron que aún falta ver qué tanto este mecanismo presidencial tendrá el alcance “para mover los cotos de poder” como los que existen en el Ejército, “que jugó un papel importante en las desapariciones forzadas” de esos años.
Juan Carlos Mendoza, hijo de Juan Carlos Mendoza Galoz, desaparecido hace casi 40 años, e integrante del Comité Eureka, consideró que la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se crea la comisión es “un avance” en el trabajo que las organizaciones han tenido con el gobierno actual. Sin embargo, expresó que aún tienen sus “reservas”.
Explicó que éstas tienen que ver con los alcances de la comisión. “Estamos demandando del Estado que nos diga exactamente dónde están nuestros familiares y quiénes, cuándo y por qué se los llevaron. Muchas de las respuestas a esas preguntas pasan por personas que estuvieron y han estado directamente relacionadas con el poder”. Un ejemplo, continuó, es el Ejército, que hoy tiene un rol “muy preponderante en la nueva administración”.
Agregó que la “demanda del Comité Eureka es simple: Vivos se los llevaron, vivos los queremos, y no vamos admitir nada por debajo de ello como un triunfo”.
Acceso a expedientes históricos de la Sedena, reto
César Contreras, del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mencionó que la creación de la comisión “es un ejercicio iné-dito”, que enfrenta muchos retos como el lograr acceder a los expedientes históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a las instalaciones militares donde se sabe que fue el último paradero de personas desaparecidas.
En este sentido, manifestó que llama la atención que la Sedena no firme el decreto por el cual se crea la comisión, pero al ser una instrucción presidencial “consideramos que todas las autoridades de la administración pública federal tendrían que atenderlo”.
Félix Hernández Gamundi, del Comité 68 Prolibertades Democráticas, resaltó la importancia de que también se cree una instancia ministerial, “equivalente a una fiscalía que se haga cargo de todos los casos, de manera que cualquier avance que haya en la comisión de acceso a la verdad tenga su correlato en una acción judicial”.
Lo anterior, dijo en entrevista, debido a que por sí misma la comisión va a generar resultados e informes “que no necesariamente son vinculantes para la procuración de justicia”.
Por otra parte, en el conversatorio Vigencia y urgencia del movimiento del 68, en homenaje a Raúl Álvarez Garín, destacado integrante del Consejo Nacional de Huelga, quien falleció el 26 de septiembre de 2014, Hernández Gamundi pidió que la comisión reconozca el trabajo y avance que ya se tiene en los casos que atenderá.
