Luego de la tempestad, vino la calma en el Senado de la República. La entrega de la Medalla Belisario Domínguez se realizó sin sobresaltos, dejando atrás el episodio de un tuit confrontacional de la senadora panista Lilly Téllez y la consecuente ausencia del Presidente de la República en ese acto.

El saldo político es interesante: el coordinador de los senadores morenistas y virtual jefe político de esa cámara, Ricardo Monreal, alejado de los afectos explícitos de Palacio Nacional, no tuvo fotografía de futurismo con el presidente López Obrador y, por otra parte, la atención mediática se centró en la senadora Ifigenia Martínez, dejando en segundo plano otra condecoración, la del ya fallecido médico Manuel Velasco Suárez, en un manejo político y mediático que no dio demasiado saldo favorable a sus herederos, particularmente Manuel Velasco Coello, quien fue gobernador de Chiapas, como su abuelo, y ahora es senador del Verde por esa entidad, constituido en un aliado zigzagueante al que Palacio Nacional mantiene igualmente en la cercana lejanía (la política con frecuencia es un oxímoron).

Por otra parte, la sesión senatorial que días atrás parecía encaminada por panistas hacia la crítica a AMLO y la llamada 4T terminó, merced al discurso de la galardonada, en una promoción, ante el silencio de los opositores, de las propuestas presidenciales en materia eléctrica y del litio.

Este miércoles fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que crea un organismo de muy largo nombre: “Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990” (https://bit.ly/3BsslWs), a la que aquí se llamará Comisión de la Verdad 1965-1990 o CV 65-90 y que se enfocará en el periodo de la llamada guerra sucia del Estado mexicano, en particular durante los periodos presidenciales de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Expresamente se habla de la “violencia política” suscitada en esos años y que se reflejó en “la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial de personas”.

La CV 65-90 será presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y estará integrada por seis representantes gubernamentales, incluyendo al de Segob. Además, se abre la puerta a que participen “cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional que contribuyan con el objeto de la comisión”. Sin embargo, estas personas deberán elegir un representante que tendrá voz y voto en la comisión: seis votos gubernamentales frente a uno de las “personas expertas”.

Justificada e importante tal comisión, falta ver si tendrá suficiente presupuesto público, funcionalidad y voluntad política sin cortapisa para cumplir sus objetivos. Las comisiones gubernamentales en México tienen fama de gastar el tiempo y no terminar en nada trascendente. Vicente Fox creó en 2002 una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con Ignacio Carrillo Prieto como titular y su mayor logro fue procesar al ex presidente Echeverría, que finalmente fue exonerado. Actualmente, no se ha podido habilitar una fórmula jurídica para enjuiciar a ex presidentes de la República, sobre todo por corrupción. Y aún no hay claridad ni avances en el caso Ayotzinapa.

Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo Nacional de Morena, anunció ayer que en “unos 10 días” se convocará de nuevo a una sesión de ese órgano de gobierno, luego que el pasado domingo no se pudo realizar por falta de quórum, aunque se aprovechó la ocasión para improvisar un informal ejercicio “informativo”, en el que hubo críticas a la gestión de Mario Delgado al frente de ese partido. ¡Hasta el próximo lunes!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero