El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó ayer que se modifique el pacto fiscal para que la Federación entregue más recursos a las entidades federativas mientras no haya garantías de que el presupuesto se maneja con honestidad, pues su gobierno no seguirá fomentando “la corrupción y los privilegios”. El mandatario consideró que antes de pensar en aumentos de impuestos o en la contratación de deuda pública, los gobernadores deben gastar con austeridad, priorizar las necesidades sociales y combatir la corrupción.
En este contexto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán reveló que el ex gobernador perredista Silvano Aureoles gastó mil 227 millones de pesos en la renta de un avión y cinco helicópteros. El dispendio de más de 600 mil pesos diarios en transporte por un gobierno estatal que faltó sistemáticamente a sus obligaciones en el pago de nómina a maestros y otros servidores públicos es insultante en sí mismo, pero además existen indicios de que tras la frivolidad hay actos de corrupción. En este sentido apuntan los informes de la SSP, según los cuales la empresa proveedora del transporte aéreo de Aureoles, sus funcionarios y familiares, B3 Fly Services SA, fue constituida apenas 14 días antes de firmar el contrato con el gobierno michoacano; mismo que resultaba sumamente lesivo para el estado, al hacerlo responsable de todos los gastos de reparación de las aeronaves, e incluso obligarlo a erogar el costo completo más la renta en caso de pérdida total.
Lo anterior es apenas un botón de muestra de los derroches y gastos superfluos que la mayor parte de los gobernadores se permite con cargo al erario, y que explican, en buena medida, el deterioro en infraestructura, educación, salud y servicios básicos que experimentan las entidades, así como el encarecimiento de éstos ahí donde gobiernos estatales y locales han transferido los costos a los ciudadanos al privatizar la recolección de basura, el alumbrado y el suministro de agua, entre otros servicios.
Es evidente que el último mandatario emanado del PRD cometió una enorme falta de ética al asignarse 218 millones de pesos anuales para transporte aéreo, y los michoacanos ya dejaron ver su inconformidad en las elecciones de junio pasado. Sin embargo, es imperativo que se investigue el posible desvío de recursos existente en la relación contractual de su gobierno con B3 Fly Services, cuyo dueño, según empleados de la misma administración, no es otro que el propio Aureoles.
Esa investigación es necesaria para disipar cualquier sospecha de impunidad de este inefable personaje, pero también como un mensaje para que todos los gobernadores, sin distingo de partido, pongan fin a la desmesura y la opacidad que han sido la norma en el ejercicio de los recursos públicos.
