Buenos Aires. La causa judicial contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por el presunto encubrimiento de los autores del atentado a un centro judío de Buenos Aires en 1994, fue sobreseída ayer.

La medida fue ordenada por un tribunal oral de Buenos Aires, el cual concluyó que el acuerdo firmado por Argentina e Irán en 2013 para el esclarecimiento del bombazo contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) a mediados de la década de los 90 “no constituyó delito”.

Si bien el pacto nunca entró en vigencia, Fernández de Kirchner –quien gobernó el país entre 2007 y 2015– fue procesada con prisión preventiva por un juez de primera instancia en 2017 por el delito de encubrimiento y traición a la patria. Debido a su fuero como senadora nacional, no fue detenida.

La causa judicial contra Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado fue iniciada en enero de 2015 por el fiscal federal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto en su departamento pocos días antes de presentarse ese mismo mes ante el Congreso para dar detalles de su acusación contra la entonces presidenta. Las pesquisas determinaron que Nisman se suicidó.

Según el fiscal fallecido, el pacto con Irán tenía como objetivo oculto dar de baja las alertas rojas de Interpol contra ciudadanos de esa nacionalidad señalados como los autores del atentado contra la AMIA, que dejó 85 víctimas, y a cambio habilitar el intercambio de granos y petróleo entre ambas naciones.

Fernández de Kirchner, electa vicepresidenta en 2019, ha dicho que el acuerdo era la única vía para reactivar la investigación del ataque contra la AMIA, la cual está paralizada desde hace más de dos décadas y por la que no hay detenidos ni condenados.

A todo esto, el juez Martín Bava reprogramó la comparecencia del ex presidente Mauricio Macri por el espionaje de las familias de las víctimas del submarino ARA San Juan para el próximo 20 de octubre, un día después de que avisó que no acudiría a declarar por estar en el extranjero.

Esta es la primera vez que Macri tendrá que acudir en calidad de imputado desde que dejó la presidencia. La causa de espionaje a familiares del submarino desaparecido el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes se inició hace un año, tras la denuncia de una de las interventoras de la Inteligencia argentina.

En otro asunto, el mercado cambiario operó con controladas bajas luego de que el gobierno ahondó esta semana el cepo cambiario para tratar de resguardar las golpeadas reservas del Banco Central (BCRA), en una dura carrera electoral de medio término tras la derrota oficialista en las primarias.

Una resolución de la Comisión Nacional de Valores, dictada en coordinación con el BCRA y el Ministerio de Economía, aplica nuevas limitaciones que condicionan las operaciones de instrumentos con liquidación en moneda extranjera, lo que afecta a bonos e importaciones.

En Argentina rige un cepo cambiario desde agosto de 2019, cuando se fueron agregando medidas con la idea de frenar la sangría de dólares, una cobertura natural entre los inversores del país ante las dudas políticas y económicas que acostumbra transitar el país desde hace décadas.