Nuevo Laredo, Tamps., Abogados de dos policías estatales acusados de homicidio calificado y otros crímenes, implicados en la masacre de ocho personas en septiembre de 2019 en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, ofrecieron a familiares de cada víctima 123 mil pesos como “indemnización”, en un intento por evitar un juicio que los condenaría a 50 años de prisión.

En una reunión virtual con funcionarios estatales y parientes de los asesinados (Severiano Treviño, Luis Fernando Hernández, Jennifer Hazel Romero, Cindy Esmeralda Briseño, Juan Yetzel Graciano, José Daniel Saucedo, Enrique Pérez y Wilbert Irrastreto), los familiares rechazaron la suma mencionada por considerarla “un insulto” a la memoria de los ejecutados.

Además de la indemnización, los defensores propusieron a los parientes ir a procedimiento abreviado y que los uniformados se declaren culpables de los ilícitos que se les atribuyen, ofrecimientos que fueron rehusados. “Queremos justicia, que los agentes estatales paguen con cárcel”, aseveró en la reunión a distancia la madre de una de las víctimas.

Los deudos demandaron que se solicite colaboración a la Fiscalía General de la República para localizar a otros dos prófugos, Edith N y Francisco N. También exigieron al fiscal especial González que transparente el acuerdo que realizó con otros tres efectivos (Zayra Concepción Guevara, Juan Carlos Vicencio y Azariel Urbina), hoy testigos protegidos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para evitar la pena máxima por los delitos que se les imputan.