Monterrey, NL., Mediante la fuerza pública, el gobierno del estado de Nuevo León recuperó los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en los que operaba una verdadera mafia “al más viejo estilo Corleone”, con guardias armados que se atrincheraron en las direcciones comercial y de operaciones de la empresa paraestatal para impedir la entrega de las instalaciones a los funcionarios de la administración entrante, informó el gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano.
“Resulta que había oficinas con guardias armados en las puertas de las direcciones de operaciones de Agua y Drenaje; entrabas a la oficina y había escritorios de mármol, ni este palacio tiene esas piedras”, detalló. Asimismo, se otorgaban pagos ilegales a proveedores favoritos. En las pasadas dos semanas de la gestión anterior se hicieron depósitos por estimaciones de obra, no por trabajos ya realizados, como señala la ley. “Ahorita andan amenazando que si no los regreso a sus puestos va a haber consecuencias”, aseguró el político.
Los hechos detectados serán denunciados ante la Fiscalía General de Justicia, así como con la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado. “Pero esta gente no se va a ir limpia; llenaron el vaso hasta más no poder y van a salir mojados”, agregó el gobernador. Además, continuó, “esa mafia tiene denuncias por amenazas con armas y acoso sexual, y quien nos está dando las pruebas es el Sindicato de Trabajadores Agua y Drenaje de Monterrey”.
Funcionario incluyó a su esposa en nómina
Samuel García reveló además que el 2 de octubre un juez sentenció a tres años de prisión a Carlos Alberto N y a su esposa, Jeanette Margarita N, pues el primero, como jefe de contabilidad y coordinador administrativo en el Instituto Registral y Catastral, donde laboró hasta 2017, pagó sueldos a su cónyuge durante cinco años sin laborar en el organismo.
Ambos tendrán que reintegrar al estado 3 millones 553 mil pesos que ella cobró. El inculpado tenía entre sus funciones elaborar la nómina y, según las investigaciones, aprovechó para dar de alta como auxiliar de información a su esposa, entre julio de 2012 y octubre de 2017.
Los pagos eran dirigidos a una segunda cuenta bancaria de la mujer para después ser renviados a la cuenta del imputado.
Carlos Alberto N fue acusado y vinculado a proceso por delitos contra el patrimonio del estado y peculado el 5 de junio de 2019, pero no fue detenido. El 24 de septiembre de 2020 se publicó que el caso fue llevado ante la fiscalía anticorrupción de la entidad.
Samuel García adelantó que todo aquel funcionario que cometa alguna irregularidad será llamado a cuentas por la vía legal.
