En los pasados dos años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reactivado créditos fiscales –adeudos que el fisco tiene derecho a reclamar– por 400 mil millones de pesos, los cuales se habían cancelado de manera “irregular e indebidamente” por funcionarios públicos en colusión con despachos contables y legales, reveló Raquel Buenrostro, jefa del organismo.
En ese sentido, para el próximo año se proponen sanciones para quienes asesoren o auditen a contribuyentes que cometan un delito fiscal, pero adelantó: “No estamos pensando en el contador que le hace las declaraciones a sus vecinos (...) estamos por estos big four (como se conoce a las consultoras Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG), por estos señores que tienen un cinismo impresionante, que se siguen presentando para decir ‘¿cómo le hacemos?’”
En una reunión de comisiones en la Cámara de Diputados, Buenrostro narró que el socio de un despacho “muy grande” llegó a una oficina del SAT en la que se lleva a grandes contribuyentes y exigió que se dejaran de enviar avisos de adeudo a 20 de sus clientes –empresas dedicadas a la minería y al sector de hidrocarburos– mediante el buzón tributario, porque a lo largo de una década él ya había pagado cuotas a ex funcionarios para ignorar las obligaciones de sus asesorados.
“Nos mostró cuánto pagaba, la cuota anual para cada nivel y que llevaba por lo menos 10 años pagando para que a sus empresas no les cobraran y las guardaran en un cajón”; incluso exigió que se respetara su trato y finalmente recurrió al “¿cuánto quieren?”, comentó Buenrostro. El caso se suma a otros como el de una empresa con auditoría abierta a la que se le canceló un cobro de 15 mil millones de pesos y otra que actualmente está en revisión, no ha llegado a tribunales, pero en 2019 se le canceló un crédito porque “ganó un juicio de resolución judicial”.
Sobre personas listadas en paraísos fiscales –territorios de baja tributación– dijo que hay auditorías avanzadas, “algunas ya pagaron algo y otras, incluso ya las tiene el procurador en revisión, para ver si acreditan la defraudación fiscal”, informó. Sin dar nombres, comentó que un involucrado en los Papeles de Pandora entregó al fisco 5 mil 800 millones de pesos el año pasado, con el propósito de regularizarse.
Buenrostro dijo que la estrategia de cobro a grandes contribuyentes ha incrementado el atractivo de México para la inversión y hay 82 empresas localizadas en Asia que se acercaron al SAT para manifestar su intención de trasladar recursos a México.
En otro punto, destacó que se busca un cambio en la cultura fiscal en el país con la inscripción de mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Esto último servirá como medida preventiva contra el robo de identidad y la propagación de empresas factureras, pues se han detectado jóvenes de 18 y 19 años con ingresos de miles de millones de pesos ante al fisco, pero cuando se les busca son de bajos recursos. Sostuvo que la inscripción al RFC “no implica ninguna obligación ni ninguna sanción”, mientras no se inicie la vida laboral.
