La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, denunció en el Senado la resistencia de las fiscalías General de la República (FGR) y estatales, así como de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a colaborar con ese organismo, responsable de la localización de personas desaparecidas, que hasta el pasado lunes sumaban 92 mil 844.
La FGR “no quiere sentarse en las reuniones del Sistema Nacional de Búsqueda. Dice que hagamos el trabajo y cuando tengamos todo hecho, a ver si se sienta, expuso durante un encuentro con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en el que demandó a los legisladores que le otorguen mayores facultades, a fin de poder realizar cateos e identificación de restos humanos.
Señaló que a la crisis de desaparecidos y a la forense se suma una de justicia, por lo que hay alta impunidad en la ausencia de personas. Asimismo, advirtió que hay una tendencia preocupante, porque “se está desapareciendo a la juventud, a hombres de entre 20 y 40 años, y a mujeres de entre 15 y 25”.
Detalló que las hipótesis que se investigan al respecto son que se trata de “reclutamiento forzado” a manos de la delincuencia organizada, trata de personas, secuestro y desaparición perpetrados por particulares”. Aunado a ello, precisó, del total de 92 mil 844 desaparecidos, 16 por ciento corresponde a niñas, niños y adolescentes.
Quintana Osuna explicó que de la cifra total, 25 por ciento son mujeres, pero si sólo consideramos a los menores de 18 años, las niñas y adolescentes representan 55 por ciento”. Detalló que se tiene el registro de 4 mil 806 fosas clandestinas, en las que se han encontrado 8 mil 202 cuerpos.
Precisó que estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz y Guerrero son las entidades con el mayor número de mujeres desaparecidas o no localizadas.
En su exposición ante los senadores, la funcionaria insistió en que se requiere una reforma integral que aborde estos tres niveles, porque de lo contrario no se podrá impactar y resolver de manera central la crisis.
Pidió a los legisladores impulsar modificaciones para fortalecer a las comisiones Nacional de Búsqueda y a las estatales en materia de rastreo inmediato, así como para solicitar órdenes de cateo y crear un sistema de beneficios por colaboración eficaz.
Ante la crisis en materia forense, subrayó que se debe legislar para que las fiscalías y los gobiernos locales lleven a cabo la identificación humana con un enfoque masivo, a fin de exhumar y reconocer a las decenas de miles de cuerpos que hay en las fosas comunes del país
Abundó que en materia de desaparición forzada sólo existen 35 sentencias de jueces federales y estatales, y más de 98 por ciento de casos se encuentra en la impunidad.
Si bien es cierto, dijo, que se hacen esfuerzos muy importantes en materia de búsqueda de personas, se puede concluir que hay “impunidad total, que va desde la investigación hasta la emisión de la sentencia”.
Señaló que a partir de 2006 se registró el repunte de las desapariciones, pero hasta 2018 el gobierno de México tomó medidas y asumió como su responsabilidad y prioridad la búsqueda de personas.
