Si de suyo es difícil concebir una relación entre la ciencia y la delincuencia organizada, más difícil resulta imaginar que científicos concretos formen parte de grupos delincuenciales. La razón de este imaginario es simple: por definición, los científicos dedican sus esfuerzos a producir conocimientos que resuelvan los problemas sociales, mientras los otros actúan fuera de la ley procurándose un beneficio personal, sin importar que con ello perjudiquen al resto de la sociedad. Por eso es entendible el rechazo que ha generado en ciertas capas sociales, la mayoría de ellas integradas por científicos o por instituciones que promueven la ciencia, la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) ha formulado contra algunos científicos mexicanos, señalándolos como responsables de delincuencia organizada. Si a esto se agrega que los involucrados han difundido la especie de que se les persigue por sus actividades científicas, eso les genera simpatías.
Pero la realidad es distinta. Atendiendo los medios de información, a ninguna persona que se dedique a la ciencia se le persigue por sus actividades de investigación, sino por otras distintas, que la ley tipifica como delitos y que los involucrados buscan cubrir con su manto de científicos. Se les señala de disponer indebidamente de recursos fiscales para actividades ajenas a la investigación científica o la promoción de la ciencia; se afirma que para hacerlo desvirtuaron las funciones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, creado por las leyes de Ciencia y Tecnología y Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), del 5 de junio de 2002, como órgano de apoyo y asesoría a su junta de gobierno y a su dirección general; como parte de él y, por lo mismo, sin personalidad jurídica para actuar por sí mismo, compuesto por científicos que participaban en él de manera voluntaria y honorifica.
Apartándose de la naturaleza que le señalaban las leyes que lo crearon, el coordinador general y la secretaria del foro lo convirtieron en asociación civil, sin que esté claro si los representantes de las instituciones educativas y privadas que participaban en él hubieran manifestado su voluntad para ello. El consentimiento era indispensable, porque cambiaba la naturaleza y las funciones del foro; de hecho, creaba una persona moral distinta a él: le daba personalidad jurídica, pero la convertía en un ente de derecho privado. Esta maniobra se pretendió legalizar aprobando un estatuto que los autorizaba a constituirse en asociación civil, sin tomar en cuenta que legalmente la voluntad de un grupo de personas no puede modificar ni el contenido ni el alcance de una ley aprobada por el Congreso de la Unión y, en estos casos concretos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que los reglamentos no pueden ir más allá de lo dispuesto en una ley.
El caso es que la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico se creó y hasta 2018 el Conacyt la reconoció como si fuera el Foro Consultivo y Científico y Tecnológico del que hablaban su ley orgánica y la de Ciencia y Tecnología. No sólo eso: también le transfirió recursos fiscales de su presupuesto para que realizara actividades que la ley encomendaba directamente al Conacyt. Eso fue lo que se dijo, pero como legalmente se trataba de una persona moral de derecho privado, las instituciones encargadas de vigilar que los fondos se destinaran para lo que fueron aprobados ya no podían hacerlo, ahora se sabe, muchos de esos recursos fueron destinados a actividades distintas a las de investigación o divulgación de los resultados obtenidos de esas investigaciones. En estas actividades se involucraron científicos que tenían algún puesto en el Conacyt y otros que representaban la asociación civil denominada Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Denominar a estas actividades delincuencia organizada no embona en la opinión pública, porque en el imaginario popular ese delito se asocia con grupos violentos que andan armados para cometer sus fechorías y para lograrlo atropellan físicamente a la población, pero el ilícito de delincuencia organizada abarca también otras conductas, entre ellas la defraudación fiscal. Por esa razón la FGR integró la carpeta con base en ese tipo penal. Como puede verse, no se trata de ninguna persecución a ningún científico por sus actividades de investigación, sino de la aplicación de la ley a personas que presumiblemente pudieron cometer algún delito utilizando sus puestos públicos para desviar recursos destinados a la investigación científica. Si sus conductas son constitutivas del delito imputado o de otros, es un asunto que le toca decidir a las autoridades judiciales. A nosotros, como sociedad, lo que nos corresponde es exigir que se investigue debidamente y se aplique la ley correctamente.
