El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) publicó ayer un comunicado en el que expresa su “enorme preocupación” ante la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, por considerar que “resta competitividad al país, pone en riesgo el combate al cambio climático y genera incertidumbre para la inversión”. Asimismo, la asociación civil, integrada por 56 empresas multinacionales con presencia en México, afirma que restringir el porcentaje de participación del sector privado “tendría graves implicaciones en la transmisión y distribución de suministro eléctrico”, por lo que existe el riesgo de que ocurran cortes de energía y se afecte la estabilidad de cadenas de suministro nacionales e internacionales. También considera “un grave precedente” la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como el traslado del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), órganos reguladores a los que califica de “indispensables para garantizar condiciones parejas de competencia”.
Este posicionamiento calca los asertos de otros voceros de intereses corporativos y está conformado por mentiras que buscan ocultar el saqueo sistemático de los bienes nacionales, el desmantelamiento de la industria eléctrica pública, el establecimiento de monopolios privados y los riesgos a la seguridad energética creados por la reforma aprobada en 2013 por los partidos del Pacto por México.
El CEEG parte de la falacia de que la energía generada por la CFE es más cara que la producida por los particulares, una falsedad que se ha divulgado a partir de cifras que únicamente consideran el costo de la producción misma, pero dejan de lado los gastos asociados al aprovechamiento de las energías limpias, los cuales se le han cargado a la empresa del Estado en un esquema de subsidio a las entidades privadas: por un lado, se obligó a la CFE a asumir el costo de las plantas de respaldo y las instalaciones de almacenamiento necesarias para compensar la alta intermitencia de fuentes de energía como la eólica y la fotovoltaica, mientras por otro se le impide usar su propia capacidad de generación y se le somete a comprar la producción de sus competidores mientras mantiene ociosas sus propias instalaciones. Está claro que, sin este triple lastre, la CFE genera a costos más bajos.
Lo anterior deja patente que la propuesta del Ejecutivo no incrementaría las tarifas ni afectaría la competitividad por el impacto directo en “el costo de bienes y servicios finales de todos los sectores económicos”. Por el contrario, restablecer a la CFE en su papel histórico garantiza la estabilidad tarifaria y libra a los usuarios de los caprichos y vaivenes del mercado, como los que padecen en estos momentos los habitantes de España, con incrementos de 400 por ciento en las facturas.
La falsedad de que la reforma pone en riesgo el combate al cambio climático se basa en el mito de que la CFE sólo produce mediante combustibles fósiles y los entes privados sólo lo hacen con fuentes libres de carbono, una especie sin contenido de verdad: los particulares también operan con hidrocarburos, en tanto que, pese a todo el empeño puesto en desmantelarla, la CFE genera 55 por ciento de la energía limpia del país.
En cuanto a la CRE, la CNH y el Cenace, es cínico afirmar que estos organismos garantizan “condiciones parejas de competencia”, cuando su función ha sido la de crear un mercado artificial para las empresas privadas al maniatar a la CFE. Muestra de la fabricación de este mercado desde los órganos pretendidamente autónomos es la instalación de 86 mil megavatios de capacidad de generación frente a una demanda real máxima de apenas 46 mil megavatios, redundancia de enorme costo financiero –cubierto por la empresa estatal–, que además pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico.
Semejante acumulación de falacias es expresión de una defensa vergonzante de intereses mercantiles por los miembros del consejo, entre los que se cuentan las empresas energéticas Shell, British Petroleum, Iberdrola, ExxonMobil y Siemens Energy, las cuales, ciertamente, ven amenazadas las ingentes utilidades creadas por la contrarreforma de 2013. Frente a tantos despropósitos, debe reconocerse al comunicado del CEEG la gran virtud de transparentar la magnitud de los intereses que juegan contra la reforma eléctrica y contra el patrimonio, la seguridad energética y el desarrollo nacional.
