Managua. A un mes de las elecciones generales de Nicaragua, organizaciones opositoras declararon el jueves su “repudio y desconocimiento” del proceso electoral por considerarlo “ilegítimo y nulo”. En paralelo instaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que suspenda al gobierno de Daniel Ortega.

En una declaración difundida en Costa Rica, los opositores aseguraron que no existen condiciones para elecciones libres el 7 de noviembre, ya que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han intentado “terminar con cualquier vestigio de verdadera competencia electoral, llevando a la cárcel a siete precandidatos presidenciales, forzando al exilio a otros dos y cancelando la personería jurídica de los tres últimos partidos políticos de la oposición”.

La declaración está firmada por organizaciones como la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el Frente Democrático Nicaragüense (FDN), Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), Movimiento Campesino (MC), Articulación de Movimientos Sociales (AMS), Iniciativa por el Cambio (IPC) y grupos de exiliados nicaragüenses.

Tras cuestionar la “brutal represión” desatada a partir de la rebelión social de abril de 2018, los opositores acusaron al gobierno de mantener en las cárceles “a más de 156 prisioneros políticos, sometidos a tortura, tratos crueles y degradantes” y de desplazar “forzosamente a más de 140 mil nicaragüenses” obligados al destierro en los últimos tres años.

La declaración instó a los países miembros de la OEA a “realizar las presiones diplomáticas y económicas necesarias” sobre el gobierno de Nicaragua y a “suspender a la dictadura Ortega-Murillo de la organización hasta que se lleven a cabo verdaderas elecciones que cumplan con todos los estándares y requerimientos” del organismo hemisférico.

Los opositores demandaron a las Naciones Unidas, a la Unión Europea “y a todos los países democráticos del mundo, a sumarse a una condena colectiva por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses, a declarar la ilegitimidad del proceso electoral y desconocer los resultados de la farsa electoral montada por la dictadura Ortega Murillo”.

También les pidieron “ejercer presiones efectivas” e “incrementar las sanciones” contra los funcionarios acusados de violar los derechos humanos, y a condicionar el desembolso de recursos financieros a “la liberación de todos los presos políticos y la anulación de los juicios ilegales, el restablecimiento de las libertades constitucionales para todos los nicaragüenses” y la aprobación de “una verdadera reforma electoral y elecciones legítimas”.

El mes pasado, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, República Dominicana y Reino Unido dijeron en un comunicado que en Nicaragua no hay condiciones para celebrar comicios “libres y justos”.

El gobierno de Nicaragua argumenta que es víctima de “campañas injuriosas y terroristas” promovidas por los opositores y “financiadas por el imperio yanqui”, con el objetivo de repetir la revuelta social de 2018, que Ortega calificó como “un fallido golpe de Estado”.

Ortega, de casi 76 años, buscará su tercera reelección continua y la segunda de Murillo como candidatos del gobernante partido Frente Sandinista. El exguerrillero fue presidente por primera vez entre 1985 y 1990, y retornó al poder en 2007.

En estas elecciones Ortega competirá con seis partidos políticos minoritarios, varios de los cuales ya son aliados de los sandinistas en el Parlamento tras haber ordenado encarcelar desde junio pasado a los aspirantes a la presidencia que se inscribirían por los principales bloques de oposición.

En los comicios se elegirán un presidente, un vicepresidente, 91 miembros de la Asamblea Nacional y 20 del Parlamento Centroamericano (Parlacen).