Ciudad de México. La política implementada por el gobierno federal ayudó a desactivar al “grupo criminal más importante” de subcontratación laboral que operaba en el país y contribuyó a que los salarios reales de los trabajadores mexicanos se incrementaran entre 10 y 15 por ciento, aseguró Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el funcionario señaló, sin mencionar el nombre, que dicha empresa tenía alrededor de 200 mil trabajadores subcontratados en su nómina.

Explicó que en concreto, la reforma penal fiscal ha permitido que se equipare a delincuencia organizada que tres o más personas, de forma permanente o reiterada, lleve a cabo actividades ilícitas como la defraudación fiscal.

“Lo anterior nos permitió llegar a las cabezas de grupos criminales: por un lado tenemos orden de aprehensión en contra del dueño del grupo de subcontratación más importante del país, y órdenes contra el grupo facturero más defraudador del país”, apuntó Romero Aranda.

Hasta antes de la reforma en materia de subcontratación, recordó, se calculaba que había 4 millones 700 mil trabajadores en ese esquema, es decir, 40 por ciento de la plantilla laboral del país.

Dichos trabajadores estaban empleados por alrededor de 7 mil 500 empresas, de esas, solamente 900 tenían registro ante la Secretaría del Trabajo, de las cuales sólo 100 tenían registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero de esas únicamente 40 pagaban impuestos: “Las cifras hablan por sí mismas”, apuntó.

Al eliminarse subcontratación, destacó, 2 millones 700 mil trabajadores han migrado del outsourcing a las empresas en las que realmente trabajan y ahora cotizan con sus sueldos reales, lo que ha provocado que sus salarios se hayan incrementado entre 10 y 15 por ciento, lo que significa que la reforma ha venido a salvaguardar los derechos de trabajadores.