El recrudecimiento de ataques a los periodistas y defensores de derechos humanos en el ámbito local ha provocado un incremento de 88 por ciento en el padrón de quienes se acogen al mecanismo de protección diseñado por el gobierno federal.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, calificó de “alarmante” que entre 40 y 50 por ciento de estas agresiones sean perpetradas por autoridades estatales y municipales, en muchos casos coludidas con el crimen organizado.
Durante el anuncio de la promoción de reformas al marco legal que rige dicho mecanismo, su titular, Enrique Irazoque, señakó que en lo que va de este gobierno fueron asesinados 47 periodistas y 94 activistas, principalmente ambientalistas. En contraste, dijo que el número de sentencias confirma la elevada impunidad en estos sectores, en medio de la crisis de derechos humanos que ha reconocido el gobierno federal: se han obtenido sólo cinco sentencias relacionadas con homicidios de periodistas y dos de defensores de las garantías fundamentales.
Al justificar la reforma al esquema de protección en su operación y marco legal, Encinas destacó que más allá de la atención a un ataque en específico, es pertinente atender el entorno que favorece este clima, donde el homicidio y el secuestro son las expresiones más extremas. “Necesitamos ayuda de las autoridades locales para disminuir las agresiones que provienen de ellas mismas, que es el dato más alarmante y el principal factor de riesgo”, pues en muchas ocasiones están asociadas con la operación de grupos delictivos.
Irazoque explicó que al iniciar este sexenio había 798 inscritos en el mecanismo, pero en este periodo se sumaron 708, por lo que en la actualidad hay 495 periodistas (136 mujeres) y mil 11 defensores (543 mujeres). Detalló que 54 por ciento de los reporteros proviene de seis entidades (Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Veracruz) y 50 por ciento de los defensores se concentra en seis (Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco y estado de México).
Respecto a los homicidios, 61 por ciento de los 47 periodistas se perpetró en Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacan, estado de México y Oaxaca, y 67 por ciento de los asesinatos de activistas tuvo lugar en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Chihuahua y Michoacán. Informó que solamente en seis casos la víctima estaba incorporada al mecanismo de protección.
Es necesario modificar la norma, dijo, porque la situación actual dista de las condiciones que prevalecían en 2012, cuando se aprobó la legislación y el organismo.
