Las cuentas bancarias de la empresa Nunvav Inc y de su apoderada legal, Rosalba Tapia Alvarado –vinculadas con el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna–, permanecerán bloqueadas, luego de que un juez negó el amparo por medio del cual se solicitó la liberación de dichos fondos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Lo anterior, al considerar que la UIF realizó el bloqueo de cuentas e inclusión a la lista de personas bloqueadas en cumplimiento a compromisos de carácter internacional para la prevención de la comisión y/o continuación del lavado de dinero”, indicó la unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego de ser notificada.
En total, quedarán bloqueadas 23 cuentas bancarias, seis a nombre de Tapia Alvarado en BBVA y 17 más contratadas por Nunvav Inc, cinco en Banco Base, una abierta en Interacciones, otra más en Santander, tres en CIBanco y el resto en BBVA. Estos recursos forman parte de investigaciones en México y Estados Unidos.
El secretario de Seguridad Pública del ex presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente se encuentra sujeto a un proceso penal en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país lo acusa de haber recibido sobornos para proteger al cártel de Sinaloa, mientras el gobierno mexicano decía librar una guerra contra el narcotráfico.
En México, el gobierno federal exhibió en octubre del año pasado que la empresa vinculada a García Luna celebró nueve contratos con la administración pública por 270 millones de pesos y 390 millones de dólares que salieron del presupuesto y de fondos de seguridad pública nacional.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, Nunvav, originaria de Panamá, inició operaciones en México el 5 de enero de 2012, el último año en que García Luna fue el rostro más visible de la guerra contra el narcotráfico que impulsó Felipe Calderón.
Se presentó como una firma de servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad; incluso en 2015 recibió 2 millones 732 mil 280 pesos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fin de desarrollar el prototipo de una aplicación multiplataforma para la predicción de delitos del fuero común.
El gobierno también presentó una denuncia civil ante la Corte de Miami, Florida, contra García Luna y sus socios, a fin de recuperar un conjunto de propiedades y activos –con valor de hasta 250 millones de dólares– que se habrían adquirido por el ex funcionario a través de contratos públicos ilegales.
