El sistema para adquirir medicamentos y equipos de salud por medio de la Organización de Naciones Unidas, a fin de afrontar la pandemia de Covid-19, seguirá vigente, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la impugnación presentada por senadores de la oposición.
El pleno de ministros tomó esta decisión al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Laassp), que permite al gobierno mexicano adquirir insumos de salud por medio de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (Unops), además de participar en el sistema mundial de acceso equitativo a las vacunas contra Covid-19, conocido como Covax.
Senadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano afirmaban que estos cambios eran contrarios a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez del artículo 134 de la Constitución, que norma toda clase de adquisiciones con fondos públicos.
El proyecto de sentencia, preparado por el ministro Juan Luis González Alcántara, proponía invalidar la reforma a la Laassp, pero no alcanzó la mayoría calificada necesaria para aprobarse.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, advirtió de los riesgos que implicaría modificar la reforma: “Si esta norma se invalida, por supuesto que tendrá complicaciones para que el Estado mexicano adquiera medicinas en un momento de pandemia: esto nadie lo puede negar”.
Por ello pidió a sus compañeros del pleno no hacer una interpretación letrista de la Constitución pues, aseveró, se justifica plenamente la flexibilización del régimen de contrataciones públicas ante la emergencia sanitaria.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa explicó que las reformas impugnadas no dejan sin control el sistema de adquisiciones de medicamentos y equipo médico pues, aunque se abrevian los procedimientos, se ordena una revisión posterior para garantizar que no hubo corrupción.
Sostuvo que este sistema ya ha dado resultados: “Para el año 2021, México adquirió y contrató cerca de 45 mil 437 millones de pesos por medio de este mecanismo y tuvo un ahorro de 11 mil 880 millones de pesos, mediante estos mecanismos de contratación internacional”.
El asunto se decidió en votación dividida de seis contra cinco. Aunque la mayoría estuvo a favor del proyecto de declarar inconstitucional la reforma impugnada, el proyecto quedó desestimado dado que no se alcanzó la mayoría calificada de ocho.
