Londres. Alex Cobham, director de la ONG británica Tax Justice Network, denunció ayer la responsabilidad de Reino Unido, a través de paraísos fiscales en sus territorios de ultramar, en la evasión masiva sacada a la luz por los Papeles de Pandora.
“El gobierno británico, especialmente el actual, está dando largas a la transparencia fiscal. Incluso existe el peligro real de que Reino Unido, en el momento del Brexit, vuelva al viejo modelo poscolonial de jurisdicciones fiscales con la City en el centro”, afirmó Cobham.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló el domingo el proyecto Papeles de Pandora, que puso al descubierto parte del paraíso secreto de las cúpulas políticas y económicas del mundo al identificar por lo menos a 336 políticos y altos funcionarios en 91 países, entre ellos México, y 130 multimillonarios, incluyendo celebridades y diversos criminales, como participantes en maniobras sofisticadas para evadir impuestos, lavar dinero y guardar los frutos de la corrupción en un sistema financiero encubierto internacional.
La investigación se basa en la filtración de unos 11.9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo, e involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post, The Guardian y El País.
“Si yo fuera un responsable político de la Unión Europea, miraría al Reino Unido muy de cerca y empezaría a sugerir que puede haber motivos para actuar ante las amenazas que plantea en materia de evasión fiscal”, dijo Cobham.
Además de intercambiar información sobre las cuentas de los contribuyentes entre los países, “no debe haber empresas fachadas, fideicomisos o fundaciones que permitan mantener en el anonimato a sus propietarios y beneficiarios finales, porque esta práctica está en el centro de todos los casos de corrupción o evasión fiscal”, expuso. “Las multinacionales también deberían declarar públicamente sus beneficios e impuestos pagados en todos los países”, no sólo en su país de registro.
“Mientras no haya investigaciones y sanciones penales para los bancos, los bufetes de abogados o los contables que venden servicios que eluden la ley y socavan los ingresos fiscales que benefician a todos, veremos que estas prácticas continuarán”, zanjó Cobham.
Las Islas Vígenes Británicas albergan dos tercios de las cerca de mil empresas fachada utilizadas por cientos de ejecutivos y políticos mencionados en los Papeles de Pandora, y el archipiélago caribeño encabeza la lista de Tax Justice Network de las jurisdicciones fiscales más opacas del mundo, seguida de Islas Caimán y las Bermudas.
Por su parte, el gobierno británico asegura que “encabeza el mundo en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal” y se declara determinado a convertir a Reino Unido en un “lugar hostil para las finanzas ilícitas”, según un portavoz, citado por Afp.
Colaboré con ICIJ: Lasso
Al continuar el terremoto político provocado por los Papeles de Pandora, en Ecuador, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea exigió al presidente Guillermo Lasso entregar información sobre su supuesto nexo con empresas en paraísos fiscales.
En un comunicado, la Comisión de Fiscalización pidió estos documentos para comprobar si en la actualidad el mandatario tiene algún “vínculo empresarial, financiero o laboral con los fideicomisos, compañías y fundaciones mencionadas en el reportaje”.
Apenas se conoció la investigación del ICIJ, Lasso aseguró que las sociedades fueron “legalmente disueltas” en el pasado y que las existentes no tienen “ninguna relación” con él.
Más aun, en un comunicado, resaltó que colaboró “voluntaria y abiertamente” con el ICIJ y sus medios aliados, y subrayó que cumple la ley ecuatoriana que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales.
Sociedades de Pinochet
También se conoció que el abogado chileno Óscar Aitken utilizó hasta seis sociedades en Islas Vírgenes Británicas para ocultar el patrimonio de Augusto Pinochet (1973-1990).
En estas sociedades se recibían pagos de la venta de armas y la información muestra que el despacho que las gestionó intentó desvincularse al conocer quién era su verdadero propietario.
Las sociedades eran administradas a través del bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), que según reveló el ICIJ, pidió a Aitken cerrarlas o traspasarlas al conocer que algunas de ellas eran propiedad del dictador.
De las seis sociedades, Belview fue la más prolífica, ya que fue a través de la cual el dictador llevó a cabo sus negocios inmobiliarios, por conducto de una subsidiaria que su testaferro creó en Santiago, comprando varios apartamentos y propiedades por unos 700 millones de dólares, y Cornwall, vinculada a la venta ilegal de armas.