En los pasados tres años, casi una décima parte de la plantilla que tenía el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al inicio de la administración federal ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República por presunta corrupción. Sin embargo, “limpiar” las oficinas del ente encargado de la recaudación tributaria requeriría mover “por lo menos” a una tercera parte de los más de 30 mil servidores públicos que laboran en ellas, estima Raquel Buenrostro, titular del organismo.
Detalló que de 2019 a la fecha se ha denunciado a 3 mil 157 personas que laboraban en el organismo, 753 de ellas por contrabando, es decir, que trabajaban directamente en las aduanas o en áreas vinculadas a ellas. En resumen, “para poder limpiar el SAT, tendríamos que mover en la administración a por lo menos 10 mil personas, ¿cómo mueves a tantas personas?”, enfatizó Buenrostro, en una conversación con La Jornada.
“En el SAT somos 35 mil personas y, como muchas otras, la instituciones está muy carcomida por la corrupción. Hay áreas que se han ido completas. Por ejemplo, el área de padrón de importadores, desde el responsable hasta los sindicalizados y enlaces; todos se tuvieron que ir, no había uno solo decente, todos están procesados. Los de citas también todos se fueron, no sólo los de servicios al contribuyente, sino también los del área de tecnologías, 36 personas”, comentó.
Agregó que algunos funcionarios del SAT también son facilitadores para dar de alta empresas fantasmas. Si bien, 70 por ciento de las personas morales que se han descubierto como simuladoras de operaciones fueron dadas de alta por fedatarios –que tenían permiso para dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes a través de medios remotos–, el resto pasó por las oficinas del fisco.
“Nuestros modelos de riesgo nos arrojan que 70 por ciento de las factureras se dieron de alta con notarios. Dicho de otra manera: como en el SAT hay que meter los datos biométricos y presentar documentos, es más difícil que un empleado nos haga trampa, pero no imposible, sí lo hacen. Un 30 por ciento de la factureras entraron aquí en el SAT y lo hacen los empleados.”
Agregó que según el tipo de falta que se encuentre, la Administración General de Evaluación determina cómo actuar. Esta área supervisa la conducta del servidor público y es más amplia que el Órgano Interno de Control, porque en el caso del SAT se debe evaluar cómo se determinan los créditos, por tanto se requiere conocimiento fiscal y aduanero para corroborar que quien los fijó haya hecho bien el procedimiento.
