El 14 de septiembre de 2011, Arturo fue detenido y vejado por policías que anticiparon su injusta reclusión por cuatro años, a pesar de la discapacidad sicológica que padece. Ayer estuvo en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, en una ceremonia en la que el Estado mexicano le ofreció una disculpa pública por los excesos sufridos. Él fue el único de los que estaban en el estrado que no habló, sólo observó a los oradores que, sin distingo, expresaban un arrepentimiento institucional. Acompañado por su familia, escuchó lamentar los abusos de las instituciones públicas que le cambiaron la vida durante la última década. A instancias del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ofreció la disculpa al lamentar excesos institucionales y admitió la necesidad de cambios legales para que no vuelva a suceder. “Las instituciones le restringieron sus derechos y acceso al debido proceso”, admitió. La fiscal General de Justicia de la capital, Ernestina Godoy, reconoció los excesos y aceptó la urgente necesidad de modificar políticas y legislaciones relacionadas con el acceso a la justicia de los discapacitados.