La propuesta de reforma energética del gobierno de la 4T procede de la sensibilidad social de AMLO. Por eso fue elegido por las grandes mayorías, nadie debería llamarse a engaño. La reforma busca la creación de una institución pública que administre unos recursos estratégicos en beneficio de todos, no sólo de los pobres.
Una de las primeras voces en contra tenía que provenir de la derecha histórica de México: Marko Cortés, el contador que gerencia al PAN, dijo que se opone “rotundamente” y que creará un “bloque de contención” a la “nueva locura” del Presidente. Tanto la dirigencia de esa derecha como sus grupos parlamentarios están en contra porque la reforma “atenta contra el libre mercado”, aumenta “el control del Estado” y “perjudica a las familias mexicanas”. Algunos empresarios opinan lo mismo. No hay sorpresas, todo sigue igual.
En el espacio económico del “libre mercado” las decisiones las toman los empresarios. Para el PAN es mejor que el abasto de energía a todos los hogares y actividades económicas lo decidan los empresarios, calculando, no el abasto energético necesario a cada sector de la sociedad mexicana, sino las ganancias que pueden obtener, según costos y precios vigentes en cada momento. Los panistas defienden a los empresarios y sus ganancias, como ya sabíamos, en cualquier circunstancia.
El pensamiento social no puede proceder así. Cuando el PAN tiembla porque la reforma aumenta el control del Estado, sólo hay que decirle que sí, lo aumenta, pero le falta agregar “sobre el sector energético”. Especificando, aunque se tarde usted un poco más. Y hay una razón: que una necesidad que es de todos los mexicanos sea satisfecha y garantizada para todos; para los panistas también.
La necesidad del abasto de energía para todos sólo puede ser colmada si las decisiones de inversión, producción y distribución provienen de un cálculo económico y social. De no ser así, unos, los de arriba, tendrán acceso a la luz y a la energía necesaria para mover una gran masa de bienes diversos, y los de abajo quedarán en las tinieblas. Por esa razón, los recursos materiales para atender las necesidades que son de todos, deben ser propiedad pública. Elemental. Pero no hay sorpresas, todo sigue igual. Las miserias del PAN, como las de su admirado Vox, son índole de las derechas.
El PAN tiene un juego simple, como ya sabemos: no al Estado, sí a la privatización. El mismo tiovivo girando alrededor de los empresarios y de los panistas. El Estado, en la (miope) visión del PAN, es enemigo de la sociedad. Por eso quieren ganar nuevamente el poder del Estado: para privatizarlo todo y, de paso, enriquecerse mediante prácticas corruptas, como ocurrió en los gobiernos de Fox y Calderón, la docena trágica.
El Estado es la sociedad misma condensada en las instituciones que lo organizan. Para la derecha, Estado y sociedad son realidades contrapuestas, siempre que no gobiernen los neoliberales, porque, en este caso, son uno y lo mismo: instituciones al servicio de los neoliberales (empresarios, medios y políticos). Pero si no gobiernan, entonces el Estado es enemigo de los privados. Los axiomas del PAN conducen con consistencia lógica siempre a lo mismo: ganancias en metálico (o sus representaciones legales); no hay juego debajo de la mesa.
Las instituciones que organizan al Estado provienen de un proceso de creación institucional, derivado de la conformación de un gobierno, según el partido que haya resultado victorioso en los comicios correspondientes. Un gobierno democrático, en su función de creación institucional, buscará el consenso político, pero siempre habrá principios irreductibles con imposibilidad de entrar en el consenso, como es el caso de primero los pobres, detestados por los panistas, o primero los empresarios y sus ganancias.
La reforma no conlleva tendencia alguna al monopolio, puesto que subsistirán empresas privadas. Reguladas, sí, para que haya producción social suficiente de energía. Si en el marco de los precios regulados las empresas quieren ampliar sus ganancias, pueden aumentar la productividad de sus industrias. Un poco de trabajo y de inversión, sí, son necesarios; no ganancias obtenidas por la provisión del gobierno, que no está para enriquecer a los privados.
La CFE no es un monopolio. Aunque la óptica neoliberal así la ve. No lo es. Monopolio es el ejercicio exclusivo en una actividad mercantil. La CFE ni tiene un ejercicio exclusivo, ni es mercantil, es y será una empresa de índole pública. La administración pública del litio tiene también un propósito social. Las bolas que se hace el PAN no andan extraviadas, defiende su provecho en pesos contantes y sonantes.
El PAN se encamina a decir no, a todo proyecto formulado por el gobierno, no importan los proyectos y su contenido y propósitos. El control público de la energía, incluido el litio, es una estrategia en bien de la sociedad y la nación; pero como lo indica la antipolítica y los intereses privados, el PAN debe decir no.
