El domingo 3 de octubre, se dio a conocer una nueva investigación periodística que revela, una vez más, la manera en que un grupo de personas con un poderoso caudal político, económico y social, se benefician de aquellos regímenes laxos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, que favorecen la (mala) práctica de estructuras financieras que permiten movilizar y ocultar sus verdaderas ganancias, como la creación de empresas offshore de Pandora Papers, que son completamente legales en estos regímenes, permaneciendo impunes a la luz de las autoridades de aquellas naciones que sí las prohíben.
El caso de Pandora Papers, visto en conjunto con Paradise Papers y Panamá Papers, tiene el común denominador de estar vinculado a temas de corrupción, lavado de activos y evasión fiscal. ¿Qué debemos hacer como Estado mexicano? Como ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, todas las autoridades competentes debemos actuar de inmediato, y analizar a todas y todos los involucrados, sin importar el grupo político. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuenta con la facultad de recibir y requerir de las autoridades competentes información sobre transferencias internacionales, así como solicitar información a través de la Red Segura de Grupo Egmont (cuyo objetivo es proporcionar una plataforma para el intercambio seguro de la información entre las unidades de inteligencia financiera del mundo), acerca de los sujetos y empresas offshore relacionados al caso.
Recordemos que una empresa offshore es una entidad creada en un país o en un territorio distinto al que reside el beneficiario, mismos que gozan de regulaciones más flexibles y cargas impositivas más bajas que en la nación de origen del cliente. La característica más común de este tipo de esquemas es el secretismo con el que ocultan sus operaciones y la identificación del beneficiario final. En este sentido, entre las acciones que emprenderá la UIF se encuentra la generación de modelos de riesgo, siendo imposible analizar a más de 3 mil personas involucradas en nuestro país, la investigación se enfocará en las personas políticamente expuestas a partir de los resultados que arroje el modelo de riesgo. Cabe aclarar, que no todo el modelo de transferencias internacionales es ilegal per se, pero sí el objetivo de evadir impuestos y lavar dinero.
Asimismo, en cumplimiento a las recomendaciones 24 y 25 del GAFI, relacionadas con transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras, actualmente se trabaja con la normatividad aplicable con la finalidad de proponer las enmiendas y reformas necesarias para estar en posibilidad de publicar datos de beneficiarios finales y construir en paralelo el registro. El compromiso del gobierno de México es que las autoridades encargadas del régimen de PLD sean capaces de obtener y tener acceso oportuno a información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las sociedades mercantiles y otros entes jurídicos. En este proyecto, se propone que la UIF asuma el liderazgo y coordine las acciones requeridas para la construcción de un Registro Nacional para Transparentar Beneficiarios Finales. Los Estados tienen la obligación se detectar los recursos provenientes de actos de corrupción y deben ser capaces de prevenir y sancionar hechos como las que se evidencian en las investigaciones aludidas. Cero tolerancia a la corrupción y la impunidad.
