La audiencia del juicio que se sigue a Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial del PAN, por cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se difirió por segunda ocasión, ahora para el 8 de noviembre.

El político queretano enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y de haber recibido sobornos por 6.8 millones de pesos por parte de Emilio Lozoya, ex director de Pemex para aprobar la reforma energética.

En tanto, por medio de un nuevo video, Anaya denunció la reapertura de la investigación que en 2017 la entonces Procuraduría General de la República inició en su contra por presunto lavado de dinero, en la cual también fue involucrado el empresario Manuel Barreiro Castañeda y de la que, dijo, se decretó el no ejercicio de la acción penal.

Afirmó que al conseguir la carpeta de investigación en el gobierno “se ardieron” y se ordenó retomar la pesquisa de aquel año. “Es un refrito. Como ya se les cayó el teatrito en mi contra se ordenó volver a abrir todo el expediente con las viejas acusaciones falsas de la campaña de 2018”, en referencia a la presunta triangulación de recursos para comprar una nave industrial y financiar sus aspiraciones presidenciales.

Sobre la audiencia de ayer, Marco Antonio Fuerte, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, aceptó el argumento de la defensa, que alegó que apenas el viernes la Fiscalía General de la República (FGR) les entregó mil hojas más de la carpeta de investigación, por lo que no tuvieron tiempo para analizarlas.

Anaya compareció por videoconferencia, pero el juez advirtió que él y su defensor, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, no se conectaron desde el mismo lugar, por lo que advirtió que para la próxima deberán estar juntos como un medio para comprobar que el acusado se encuentra en territorio nacional y cercano al juzgado, requisito impuesto desde el 26 de agosto.

El abogado dijo que el togado determinó que no existían condiciones para la diligencia y así la defensa tenga mayor tiempo en el estudio de las constancias entregadas por la fiscalía, por eso se aplazó.

Agregó que Anaya goza de todos los derechos jurídicos y ciudadanos vigentes, al tiempo que reiteró “la total inocencia” de su cliente.