Santiago. Los antecedentes acerca de que en 2010, durante su primer gobierno, la compraventa de 33 por ciento de acciones del proyecto Minera Dominga, pertenecientes al presidente Sebastián Piñera, su esposa e hijos, fue condicionada a que no hubiese cambios regulatorios que dificultaran realizarlo, provocaron en Chile una ola de reacciones que van desde la intervención de la Fiscalía a una probable acusación constitucional para destituirlo.

Más aún cuando es público y notorio que en agosto de 2010, cinco meses después de asumir, Piñera intervino para impedir la construcción de la termoeléctrica a carbón Barrancones, muy cercana al lugar donde se emplazaría Minera Dominga, lo cual supuestamente aliviaría la presión de movimientos ambientalistas en la zona de La Higuera, en la región de Coquimbo, 600 kilómetros al norte de Santiago, conocida por su fragilidad medioambiental y por estar próxima a un ecosistema marino protegido.

Tras el destape de los Papeles de Pandora, que delatan a Piñera y a su socio y amigo Carlos Alberto Délano, quienes cerraron una operación de compraventa de acciones por 152 millones de dólares en el paraíso tributario de Islas Vírgenes, el fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, ordenó a la Unidad Anticorrupción analizar si los antecedentes ameritan una investigación penal sin querella ni denuncia previa. Por ejemplo, eventuales delitos tributarios, negociación incompatible y tráfico de influencias.

Desde todos los sectores surgieron voces que pedían explicaciones a lo actuado por Piñera, archiconocido por su manía de entremezclar política y negocios, siempre al filo o cruzando la frontera de los conflictos de interés, mientras en la oposición se considera un juicio político para cesarlo.

Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicadas en Chile por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) y LaBot, reseñan que Délano –condenado en 2018 por delito tributario y financiamiento ilegal de dirigentes y organizaciones políticas– compró a los socios sus participaciones en tres cuotas, la última condicionada a que la zona fuese declarada “de exclusión”, es decir, que no puede ser intervenida por su fragilidad ambiental y/o social, que deberá ser protegida y estar sujeta a un tratamiento especial.

El sector de La Higuera y de Punta de Choros, donde habrían estado Barrancones y Dominga, es aledaño a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, un conjunto de ocho pequeñas islas donde habitan especies protegidas.

Piñera compareció para negar cualquier implicación, asegurando que la venta de Dominga no le fue consultada ni informada, que la justicia investigó el caso en 2017 y que se estableció su inocencia.

Sin embargo, cuando se hizo esa investigación, no existía el dato conocido ahora acerca de la condicionalidad del pago a que no hubiera cambios regulatorios.

“Desde abril de 2009 y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado. Y adicionalmente y en forma voluntaria, porque en esos tiempos no existía ninguna ley que lo exigiera, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros”, afirmó Piñera.

Pero las explicaciones son insuficientes e incluso no faltan voces que se dirigen al mandatario exigiéndole renunciar inmediatamente “por traición a la patria”.

Gabriel Boric, candidato presidencial del izquierdista pacto Apruebo Dignidad y favorito en las encuestas, dijo que “la información que acabamos de conocer es gravísima. Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común”; en tanto que Yasna Provoste, del centrista Nuevo Pacto Social (ex Concertación), dijo que “es inconcebible que un Presidente de la República actúe en beneficio propio frenando la protección ambiental en La Higuera, por asegurar un ingreso personal”.

Incluso el candidato oficialista Sebastián Sichel, un ex ministro de Piñera y quien pierde puntos en las encuestas, publicó en redes sociales que “respecto a Pandora Papers, la ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”.

Minera Dominga, que prevé producir 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150 mil de cobre durante 26 años y medio, demanda una inversión de 2 mil 500 millones de dólares.