Montevideo. Autoridades de al menos ocho países anunciaron ayer investigaciones sobre las actividades financieras de algunos de sus ciudadanos e instituciones de más alto perfil señalados en la investigación los Papeles de Pandora, publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), al tiempo que varios gobernantes implicados, entre ellos los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y República Dominicana, Luis Abidaner, el primer ministro checo, Andrej Babis, y el rey de Jordania, Abdulá II, rechazaron haber cometido delito alguno.
En México, Brasil, Panamá, España, República Checa, Australia, Pakistán y República Sri Lanka autoridades informaron que investigarán a los personajes e instituciones exhibidas en los Papeles de Pandora, destacó ayer el propio ICIJ.
El gobierno panameño dijo que comenzará una “supervisión” de las empresas offshore mencionadas. Una de esas firmas, Alemán, Cordero, Galindo and Lee, conocida como Alcogal “juega un papel importante en ayudar a la clase política latinoamericana a establecer empresas fantasmas en paraísos fiscales. También ha servido a figuras involucradas en algunos de los escándalos de corrupción más notorios de la historia reciente, incluido el escándalo del futbol internacional conocido como FIFAgate”, indicó el ICIJ.
El bufete replicó en un comunicado: “Alcogal tiene una sólida trayectoria profesional. Nuestra auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por el ICIJ”.
Los ex presidentes panameños Juan Carlos Varela (2014-2019) y Ricardo Marinelli rechazaron haber cometido las irregularidades denunciadas. La investigación periodística incluye además a otros nueve ex mandatarios latinoamericanos, entre ellos el panameño Ernesto Pérez Balladares, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo y el paraguayo Horacio Cartes.
Los Papeles de Pandora describen la vinculación del mandatario dominicano Luis Abinader con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA, ambas creadas antes de jurar el cargo, refirió Noticias Sin.
El gobierno dominicano resaltó que desde agosto de 2020 el mandatario quedó completamente desvinculado de todas las empresas familiares, por lo que los reportes resultan infundados.
El tercer presidente que aparece en la investigación es el de Ecuador, Guillermo Lasso. Según El Universo, el mandatario controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el correísmo (2007-2017) aprobara una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
El mandatario aseveró que “es de conocimiento público que mi patrimonio, contenido en la declaración de bienes rendida ante la Contraloría General del Estado, es fruto de mi trabajo de toda mi vida en el Banco Guayaquil. Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes en Ecuador, habiéndome convertido en uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país”.
Paulo Guedes, ministro de Economía y hombre fuerte del gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó las imputaciones, al igual que otro expuesto, el presidente del Banco Central, Roberto Campos.
El diputado del Partido Socialista de Brasil, Alessandro Molon, presentó una denuncia contra Guedes que fue apoyada por el Partido de los Trabajadores, el Partido Socialismo y Libertad, el Democrático Laborista y el Comunista de Brasil.
En Colombia, el presidente Iván Duque se apresuró a señalar que “tener cuentas en el extranjero no es delito” y señaló que “todo el que tenga activos en el exterior debe declararlo”, luego de que El Espectador reportó que en la investigación figuran el titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas, Manuel Junco Riveira, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Los tres negaron haber incurrido en delitos al multiplicarse las exigencias para que renuncien. Fueron mencionados por el ICIJ Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país, y el empresario Alejandro Santodomingo.
Desde la Unión Europea, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, dijo que los Papeles de Pandora darán un “impulso muy positivo” a la lucha contra la corrupción, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen se pronunció por una nueva legislación contra la evasión fiscal.
La Agencia Tributaria de España indicó que investigará las posibles responsabilidades fiscales y penales que se deriven de los Papeles de Pandora, mientras Podemos subrayó que las presuntas irregularidades del rey emérito Juan Carlos son una “vergüenza” para España, por lo que lamentó el “penoso” rechazo del Partido Popular y Vox a crear una comisión parlamentaria para ir al fondo.
En la República Checa se anunció que habrá una pesquisa que incluirá al primer ministro Andrej Babis, quien aseveró que “nunca hizo nada ilegal” y atribuyó las acusaciones (usó 22 millones de dólares de una empresa fantasma para comprar un castillo en el sur de Francia) a una campaña de difamación en su contra, justo cuando es favorito de cara a las elecciones de los próximos días 8 y 9.
Según estos documentos, el rey Abdalá II de Jordania creó al menos treinta sociedades offshore en países o territorios con facilidades fiscales, a través de las cuales compró 14 propiedades de lujo en Estados Unidos y Reino Unido, por más de 106 millones de dólares.
El palacio real jordano declaró ayer que estas “informaciones de prensa son inexactas, distorsionadas y exageradas” y que constituyen una “amenaza para la seguridad del monarca y su familia”.
Oxfam International, un consorcio británico de organizaciones de ayuda humanitaria, elogió los Papeles de Pandora por exponer ejemplos desvergonzados de avaricia que privaron a los países de unos ingresos fiscales que pudieron haber sido utilizados para financiar programas y proyectos para el bien común.
En la mayoría de los países incluidos, los hechos expuestos no son enjuiciables. Pero en el caso de los líderes, el ICIJ compara el discurso anticorrupción de algunos de ellos con sus inversiones en paraísos fiscales.