Washington. El gobierno del presidente Joe Biden anuló ayer la prohibición de que las clínicas de planificación familiar envíen a pacientes a proveedores de aborto, al eliminar una restricción de la era de Donald Trump, mientras las batallas políticas y legales sobre la interrupción del embarazo se agudizan desde Texas hasta la Suprema Corte de Estados Unidos.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) indicó que su nueva regulación restaurará el programa federal de planificación familiar a la forma como funcionaba en la administración de Barack Obama (2019-2017), cuando las clínicas podían referir a las mujeres que querían abortar con proveedores de ese servicio. El objetivo es “reforzar y restaurar” los servicios, comentó el secretario del HHS, Xavier Becerra.
Los grupos que representan a las clínicas de planificación familiar señalaron que esperan que la medida adoptada por el gobierno de Biden logre que regresen alrededor de mil 300 instalaciones locales que se fueron en protesta por las políticas de Trump, lo que ayudaría a estabilizar un añejo programa que ha sido sacudido por la pandemia del Covid-19 además de las batallas ideológicas.
Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios de aborto, publicó en Twitter que sus centros de salud esperan regresar. Pero el grupo criticó parte de la regla de la administración de Biden que permite a los médicos particulares que se oponen al aborto no proporcionar referencias. La administración dijo que eso es “de conformidad con la ley federal aplicable”.
El programa, financiado por los contribuyentes y conocido como Título X, pone a disposición de las clínicas más de 250 millones de dólares al año para que proporcionen servicios de control de la natalidad y de atención médica básica, sobre todo a mujeres de bajos ingresos, muchas de ellas de comunidades minoritarias.
La nueva política para las clínicas de planificación familiar entrará en vigor el 8 de noviembre.
