El gran reto de la actual administración es la informalidad a gran escala y el contrabando de comercio exterior, explicó Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dada la dimensión de la mercancía que se cuela por las aduanas del país, está pendiente la creación de un despacho en la materia con “alguien de tiempo completo que esté pensando” cómo resolver este problema y apoyado en territorio por las fuerzas armadas.

Luego de una caída de 16 por ciento el año pasado –cuando la pandemia trastocó las cadenas globales de suministro–, hasta agosto, la recaudación por comercio exterior de 2021 sumó 649 mil 155 millones de pesos. Dicho saldo implica un avance de 10.9 por ciento anual, pero “debería cerrar este año con un crecimiento de 16 por ciento. Cualquier cosa por debajo de esa cifra significa que aumentó el contrabando”, declaró Buenrostro a La Jornada.

El 13 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto con el que se creó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la cual debe esperar a que sean vigentes las reformas legales que le otorguen competencia en materia fiscal y aduanera, la cual sigue en el SAT, para considerarse un organismo independiente y comenzar a operar.

Plagadas de corrupción todas estas instalaciones, su limpia es un trabajo lento, reconoció Buenrostro. “Al principio se pensaba que era suficiente con que el encargado de la aduana fuera alguien de la Marina o del Ejército; (…) en marzo de este año, cuando empezaron a llegar los militares, se observó un incremento en (la recaudación) por comercio exterior, pero después de abril bajó; quiere decir que (los contrabandistas) encontraron otras aduanas, por eso se necesitan cubrir todos los puntos, porque les cierran uno y se van a otro. Estamos jugando al juego de las sillas”.

Sin referirla por su nombre, explicó que la ANAM se nutrirá con los 83 mil 627 millones de pesos que al cierre de junio había en el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, el cual se va llenando con el derecho de trámite aduanero. Recalcó que no se necesita más dinero o personal en las aduanas, sino que “los que están ahí sean cada vez sean más honestos”. En esa lógica, el gobierno federal considera que lo logrará supliendo el personal civil por militares y marines.

Ese es uno de los ejes con el que se pretende restar la informalidad, pero también dentro del SAT se procurará llevar un monitoreo, una trazabilidad en los productos y mercancías con el Carta Porte, el cual hasta ahora se pedía en papel, lo que implicaba que un mismo documento se pasará cinco, 10 veces en la aduana. Ahora será un formato digital y a través de la factura.

Derecho a la seguridad social

Eso entre los grandes informales que abastecen una estructura que alcanza a 50 por ciento de la economía en México, de acuerdo con estadísticas oficiales, pero también se apela a la regularización personal a través del Régimen Simplificado de Confianza, para el que se buscan incentivos como el derecho a la seguridad social, explicó la jefa del SAT.

Buenrostro detalló que el Régimen Simplificado de Confianza además de reducir la complejidad en el cómo calcular los pagos de impuestos (https://cutt.ly/lELddNF), “lo queremos acompañar con otras facilidades (…), estamos trabajando con el IMSS para en algún momento simplificar la seguridad social (...) Eso ayudaría a tener más control sobre cuánta gente hay, qué seguridad social necesita y que se genera una cultura de contribución”.

Agregó que en ese sentido va la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes a partir de los 18 años. Hasta no tener ingresos o volverse persona económicamente activa no se está obligado a nada. Un estudiante “no tiene que presentar declaración, no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es como en el Instituto Nacional Electoral, presentarse, registrarse y llevarse su e-firma. Eso es todo. En automático, como ya está dado de alta, cuando empiece a tener ingresos, también será más fácil sumarse a las contribuciones”.