Como parte de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la comisión presidencial creada para el caso ya cuenta con “una reconstrucción de hechos totalmente definida y quiénes participaron”, pero los cabos sueltos siguen siendo a dónde fueron llevados, indicó el presidente de dicha instancia, Alejandro Encinas.
Subrayó que si termina el sexenio sin esta resolución, “vamos a decir la verdad, no tenemos nada qué ocultar. No vamos a utilizar ningún cálculo político para fabricar conclusiones, yo no voy a prestarme a hacer eso”.
En entrevista con La Jornada, el también subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, reveló que en las indagatorias hechas por Estados Unidos se está dando seguimiento al grupo delictivo involucrado, es decir, Guerreros Unidos, pero “ellos están haciendo el propio rumbo de su investigación sobre narcotráfico, no tienen ninguna conclusión en lo que se refiere a la desaparición de los muchachos”.
Como respuesta a la solicitud formal del presidente Andrés Manuel López Obrador a la vicepresidenta estadunidense Kamala Harris, el gobierno del país vecino entregó un primer paquete que ha permitido ampliar el expediente.
Encinas explicó que como siguiente paso ya tienen fijados dos puntos en los que harán “una intervención importante, que por las condiciones del predio no es una intervención que dure unos cuantos días, sino que va a ser mayor”.
Prefirió mantener en reserva los sitios para agilizar las acciones, de las cuales sólo comentó que se realizarán en Iguala y “probablemente estemos trabajando” en el municipio de Eduardo Neri, colindante a Cocula.
Al explicar los avances logrados con los interrogatorios de detenidos que buscan el beneficio del criterio de oportunidad, apuntó que muchos de los hallazgos se han hecho mediante este proceso, por lo que los padres y madres de los estudiantes están de acuerdo con el método.
No obstante, varios de los detenidos “dicen verdades a medias para evitar ser inculpados, hay que decirlo también con toda franqueza”.
Lo atribuyó al pacto de silencio, porque “son pactos de muerte; en el momento que se rompe el compromiso entre grupos delictivos, se pone en riesgo no sólo la integridad física de la persona que colabora, sino de sus familias”. Desde 2014 a la fecha han fallecido o sido ejecutadas 21 personas.
Advirtió que si los detenidos no brindan información que lleve a resultados, no tendrán el beneficio de criterio de oportunidad que les permite reducir, en algunos casos, sus condenas.
En las investigaciones, agregó, ha sido un obstáculo grave la tortura que aplicaron las autoridades anteriores a los interrogados, porque les permitió quedar en libertad. Debido a ello “los estudiantes fueron objeto de una segunda desaparición, porque se buscó borrar todo rastro o huella de ellos con una verdad histórica que, como lo hemos venido comprobando, no se apegó a la verdad de los hechos”. A los liberados ya no se les puede juzgar por el mismo delito, pero sí se pueden abrir nuevos procesos.
Recalcó, también, que todos los involucrados serán sancionados, sin importar si son civiles, de cuerpos de seguridad municipal, estatal, federal, o del Ejército. “Lejos de afectar a la institución, en este caso al Ejército, la fortalece, porque da cuenta que no habrá impunidad, y por su puesto que se está haciendo investigación de cuál fue el papel de las fuerzas armadas esos días”.
De manera paralela a este caso, el gobierno federal publicará hoy el decreto con el cual se crea la Comisión por el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por las violaciones graves a los derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990.
