Ninguna variable económica es tan importante para definir el desarrollo de los pueblos como la autosuficiencia alimentaria. También lo son un elevado PIB por habitante, empleo formal y estable, balanza comercial superavitaria, finanzas públicas equilibradas, fortaleza de la moneda y bajo índice riesgo país para atraer inversión productiva. Pero lo primero es la capacidad para producir los alimentos básicos que la población consume.
Por eso, preocupa y debe ocuparnos a todos los mexicanos, especialmente a quienes tienen responsabilidades públicas y legislativas, el impulso a leyes, presupuestos y políticas sectoriales, que promuevan el desarrollo del campo en sus distintas vertientes, especialmente el cultivo de granos básicos.
Las cifras son elocuentes, y llaman a la reflexión y a la toma de decisiones:
Según estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), las importaciones de maíz, principal cereal de la dieta básica de los mexicanos, alcanzarán un récord al cierre de 2021 de 17.9 millones de toneladas, 11.4 por ciento más que el año pasado. En agosto, señala este grupo de expertos, estas compras al exterior ascendieron a 11.8 millones de toneladas, 66.3 por ciento de lo previsto para el año.
A su vez, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reveló en un comunicado que la dependencia alimentaria del país en productos básicos como el maíz va en aumento, pues durante el primer semestre del año se importó 13 por ciento más (927 mil toneladas) que en el mismo periodo de 2020, un total de 8.7 millones de toneladas.
Al mismo tiempo, lo que explica el incremento de las importaciones, es que en este primer semestre se produjeron en el país sólo 8.07 millones de toneladas de maíz, 7.7 por ciento menos que en el mismo periodo de 2020, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
De esta manera, lo que es responsabilidad colectiva no permitirse, el país se está convirtiendo en el principal importador de ese grano a nivel mundial.
Por eso es un dato positivo, si bien insuficiente, que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 planté un presupuesto de 53 mil 88 mdp para los distintos programas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), un aumento de 7.7 por ciento respecto de este año.
No debe pasarse por alto que el balance de los últimos años no ha sido favorable para los programas de apoyo al campo, lo que no niega los tiempos difíciles, en el rubro presupuestal, para todo el mundo por el impacto de la pandemia sanitaria.
En el ejercicio presupuestal de 2018, el monto para las actividades agropecuarias, pesqueras y en general de apoyo al sector primaria de la economía fue de 74 mil 476 millones de pesos; en el siguiente año se redujo a 65 mil millones, y en 2020 se ubicó en 47 mil millones. Sólo de 2019 a 2020 hubo un decremento de 29.2 por ciento en términos reales en los recursos para la Sader.
Ahora, de aprobarse el PPEF tal cual fue presentado por el Ejecutivo al Congreso, la dependencia encargada del apoyo al campo vería un incremento de 3.8 por ciento para sus programas de Abasto de Leche; Abasto Rural; Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; Precios de Garantía; Producción para el Bienestar, así como Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura. El aumento para todo el sector, decíamos, sería ligeramente mayor a 7.5 por ciento. Todavía es tiempo de que sea mayor.
La tendencia descendente en los recursos para el campo se verá revertida, pues en 2022, el tamaño del decremento presupuestal en los tiempos de la pandemia, obliga a un esfuerzo mayor, financiero y de priorización del campo en cualquier negociación internacional.
No debemos obviar el hecho crudo de que el sector menos favorecido por la globalización económica y la apertura comercial, derivada de los acuerdos de libre comercio suscritos por México, es precisamente el campo mexicano.
No se requiere mayor sofisticación en el análisis: desde el principio no se plantearon, primero en el TLCAN y luego en el T-MEC, cláusulas de asimetría que amortiguaran las evidentes diferencias en los grados de modernización y mecanización de los sectores agropecuarios de los tres países; lo que sí se previó en otros instrumentos de integración comercial, como la Comunidad Económica Europea, luego convertida en Unión Europea.
Al contrario, fuera de la normatividad escrita, los subsidios soterrados al campo de nuestros socios comerciales se mantuvieron, y aun se intensificaron, mientras en México descendían, desde la década de los 90, en el espíritu neoliberal de no interferir en la presunta libertad de mercado.
En suma, más allá de las diferencias ideológicas y políticas de un país plural como México, es tiempo de priorizar el apoyo a las actividades del campo y alcanzar la autosuficiencia alimentaria, uno de los componentes principales de la soberanía económica, a propósito del bicentenario de la consumación de la independencia nacional, el pasado 27 de septiembre.
Para Josetxo Zaldua, amigo por siempre
*Presidente de la Fundación Colosio
