Madrid. La justicia italiana decidió dejar en suspenso la petición de extradición del ex presidente catalán Carles Puigdemont a España, donde el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, todavía tiene abierta una petición de detención por los presuntos delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. El líder independentista compareció ante el Tribunal de Apelación de Sassari, en la Cerdeña italiana, donde finalmente el magistrado decidió esperar a que la justicia europea decida si prevalece o no su condición de inmunidad por ser europarlamentario.

Tal y como estaba previsto, el ex presidente catalán viajó de nuevo de Bruselas a Cerdeña para comparecer ante la justicia italiana, después de que hace dos semanas el juez decidiera aplazar la vista a petición del propio imputado. La comparecencia fue rápida, en la que se escuchó la postura de la Fiscalía italiana, que reconoció la complejidad del caso y se mostró partidaria de esperar a que sean los tribunales competentes de la Unión Europea los que decidan sobre la inmunidad de Puigdemont, que en este caso apeló a su condición de europarlamentario para mantener la inmunidad e impedir su entrega a España.

Puigdemont se refugió el Bruselas hace cuatro años, precisamente sólo un par de días después de que bajo su liderazgo, el Parlamento catalán decretó una declaración unilateral de independencia fallida, que sólo duró unos segundos y que derivó en la intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado español, así como el procesamiento y condena de la mitad de su gobierno, mientras que la otra mitad, encabezados por él mismo, se fueron a vivir a otros países europeas para evadir a la justicia española, al considerarla parcial y poco fiable.

Tras la decisión del juez italiano, ahora sólo cabe esperar a que tanto el Tribunal General de la Unión Europea como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidan sobre la cuestión prejudicial que hace que se mantenga en vilo la situación penal de Puigdemont, que consiste precisamente en aclarar si la orden de detención girada por los tribunales españolas en función de la legislación europea es aplicable en este caso o si en su defecto prevalece su condición de inmunidad parlamentaria. Esta decisión también afectará a los europarlamentarios catalanes y también involucrados en los hechos del 2017, Toni Comín y Clara Ponsatí, a los que también se solicitó la entrega a las autoridades italianas.

La defensa de Puigdemont alegó a su favor que tanto los tribunales de Alemania, Bélgica y Suiza han fallado a favor de Puigdemont, con lo que instaron también a las justicias italiana y europea a mantener esa línea de amparo, basado en las garantías mínimas de los derechos humanos.