Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció ayer una segunda reforma agraria en el país y anticipó que, a diferencia de la primera de hace 52 años, ésta se hará sin expropiaciones.

“Quiero dejar muy claro que esta segunda reforma agraria no busca expropiar tierras ni afecta derechos de propiedad a nadie”, dijo el mandatario desde Cusco.

Castillo anunció la puesta en marcha de este proyecto ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, en las afueras de Cusco.

Uno de los ejes de este plan consiste en dar a los agricultores “acceso más justo a los mercados”, agregó el presidente peruano.

La llamada segunda reforma agraria prevé un plan de industrialización a favor de los campesinos para impulsar el desarrollo en ese sector de la economía.

El gobierno estima que puede lograr una mayor inclusión social con la nueva reforma al sumar con mejores condiciones al mercado a los más de 2.2 millones de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar.

La inversión en tecnología y en vías de comunicación serán parte de este plan, según las autoridades.

La segunda reforma agraria era una promesa electoral de Castillo, que ganó las elecciones como candidato de Perú Libre, un pequeño partido marxista leninista.

“En la segunda reforma agraria vamos a impulsar lo que quedó pendiente en la primera, donde se le dio la oportunidad de dar terreno a quien le corresponde y para que la tierra sea de quien la trabaje. Ahora el gobierno está en deuda con el trabajador y agricultor”, explicó Castillo.

El gobierno ha descartado que el plan signifique expropiar tierras, como ocurrió durante la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

En junio de 1969, Velasco promulgó una radical reforma agraria que en la práctica adjudicó alrededor de 11 millones de hectáreas propiedad de hacendados y latifundistas a cooperativas y comunidades campesinas.

Castillo eligió como fecha para lanzar la reforma el 3 de octubre, la misma fecha en que ocurrió en 1968 el golpe de Estado del general Velasco contra el presidente Fernando Belaúnde.

La clase política también conmemoró la efeméride, aunque desde distintos puntos de vista. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuya familia ha estado vinculada al gobierno derrocado por Velasco, tuiteó ataques contra el general, que además de la reforma agraria impulsó nacionalizaciones.

El ex canciller Héctor Béjar, declaró a la agencia Prensa Latina que “lo que hicieron Velasco y sus compañeros, aunque no puede repetirse, sirve de orientación e inspiración a las nuevas generaciones”.

Señaló que “53 años después del inicio de aquel gobierno, Perú se encuentra buscando orientación y gobierno, después de medio siglo de destrucción del país” y anotó que “parte del pueblo ha logrado desplazar del gobierno a los políticos tradicionales”.

La vicepresidenta, Dina Boluarte, comentó que a Velasco “no lo dejaron avanzar más porque intervino Francisco Morales Bermúdez (quien lo derrocó en 1975) porque el poder económico no quiere que los pueblos se desarrollen”.

El ex parlamentario y analista político Gustavo Espinoza comentó que es importante reflexionar sobre el gobierno del general, ahora que Perú vive “un proceso en esencia similar”, tras la elección del maestro rural Pedro Castillo como presidente, y añadió que las mismas fuerzas que acosan hoy al mandatario “centraron sus baterías contra Velasco y sus colaboradores”.

Espinoza señaló que Velasco “tuvo el mérito histórico de romper la cadena de dominación que nos ataba a Estados Unidos”, siendo su primera medida la toma militar de los yacimientos de La Brea y Pariñas, explotados ilegalmente por una subsidiaria de la trasnacional estadunidense Standar Oil.