Los intentos para integrar política y económicamente a América Latina tienen ya una larga historia que data desde el Congreso Anfictiónico de Bolívar en 1826, hasta los esfuerzos institucionales iniciados hace medio siglo; tan grandes como sus fracasos y frustraciones. Desde la creación en aquel entonces de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), transformada posteriormente en Asociación Latinoamericana de Desarrollo e Integración (AL-DI) –siguiendo en sus orígenes a la conformación del entonces Mercado Común Europeo, hoy Unión Europea UE– y del Mercado Común Centroamericano MCCE en el orden subregional, han desfilado en la Región numerosas siglas: CAN Comunidad Andina, la del Río de la Plata, la del Pacífico, Mercosur, Caricom en el Caribe, SELA Sistema Económico Latinoamericano, ALBA Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe... y la Celac.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fue creada en 2011 como un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. La integraron los 33 estados soberanos de la región: 20 de lenguas latinas y 13 caribeños no latinos (Gráfico 1). En 2020, año de depresión pandémica, la población de los 33 países fue de 649 millones de habitantes; su PIB de 4.490 billones de dólares; un PIB per cápita raquítico y dispar de 6 mil 915 dólares; y una balanza del intercambio externo de bienes y servicios con un superávit marginal conjunto de 3 mil 160 millones de dólares, también fuertemente dispar. Estas cifras dan idea, sin embargo, del peso demográfico de la región, de su atraso, y también de su potencial económico y político... si logra integrarse.

En su primera década de existencia, la Celac parecía haber transitado en gris y sólo sumarse a la lista de elefantes blancos institucionales de América Latina, hasta su reciente VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno realizada en México (país con la presidencia actual pro tempore) el 18 de septiembre pasado, donde parece haber cobrado una nueva –y esperamos no efímera– vitalidad.

La Declaración de la Ciudad de México surgida de esta cumbre integra 44 puntos de posicionamiento que en apretada síntesis reiteran y proponen: • Su compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, inclusivo, equitativo y armónico, basado en la cooperación para el desarrollo, el respeto a la integridad territorial y la no intervención en otras naciones. Fin del bloqueo a Cuba. • La consolidación plena de la democracia en la región, el estado de derecho, la justicia social, la igualdad, las libertades públicas, los derechos humanos, y un combate frontal contra la corrupción. • Consolidar a América Latina y el Caribe como zona de paz, libre de armas nucleares, y en rechazo categórico a la violencia en todas sus expresiones. • Lograr sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes (resistentes) y sostenibles, a fin de mejorar la producción, la nutrición, el medio ambiente y la calidad de la vida en los países de la Celac, sin dejar a nadie atrás. • La educación es elemento vertebral para el desarrollo sostenible. El compromiso es garantizar su acceso universal. • La erradicación de la pobreza en todas sus formas y de la desigualdad en todas sus dimensiones. • América Latina y el Caribe deben ser territorio libre de colonialismo y de colonias. • Lograr una gobernanza migratoria desde sus causas, efectiva, responsable, segura, ordenada, regular y protegida en sus derechos humanos. • Ratifica su más alto compromiso en la lucha contra el cambio climático, la desertificación, la contaminación, la defaunación y la pérdida de biodiversidad como urgentes desafíos que enfrenta la humanidad. • Reafirma que el problema mundial de las drogas es responsabilidad común y compartida, y que requiere una cooperación internacional más intensa y efectiva. • Las tecnologías de la información y la comunicación son importantes herramientas para el desarrollo, pero se rechaza su uso para subvertir sociedades, fomentar conflictos, delinquir y vulnerar el derecho a la privacidad de las personas.

Este cúmulo de principios, compromisos y buenas intenciones es sin duda plausible pero poco vinculado a acciones concretas para relanzar la integración económica, el verdadero meollo del desarrollo regional.

En América Latina (y el mundo) chocaron dos visiones de integración económica: la impulsada por los estados para un desarrollo propio, autónomo y de enfoque social (la gran perdedora) y la impulsada por los países capitalistas centrales y sus corporativos (la ganadora). Para revertir esta situación y lograr el desarrollo parece obligado abordar la integración con un nuevo enfoque que quite el énfasis en los acuerdos de libre comercio e inversión y se oriente a crear una red de empresas multinacionales (de las naciones) funcional a la época actual, empezando por la producción integrada en áreas básicas como salud, alimentos, energía, transporte, comunicaciones, sanidad, finanzas, automotores eléctricos...

Éste es el verdadero reto para la Celac. El libre comercio debe ser, en todo caso, para productos y servicios netamente latinoamericanos o con una alta integración de insumos, trabajo humano y tecnologías regionales. La OEA, por lo demás, debe desaparecer del escenario.

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