Río de Janeiro. Con pancartas que decían: ¡Fuera Bolsonaro!, decenas de miles de personas protestaron ayer en las principales ciudades de Brasil y en naciones como Alemania, Francia, Portugal e Inglaterra para pedir la destitución del presidente brasileño en momentos en que el gobierno atraviesa su mayor desgaste.
Asimismo, la fiscalía federal abrió una investigación contra Michelle Bolsonaro, esposa del mandatario, y la Caixa Econômica Federal, por una denuncia sobre su intervención para favorecer a empresas de amigos en la concesión de créditos del programa de emergencia de la entidad bancaria durante la pandemia de coronavirus.
Las protestas en Río de Janeiro, Salvador, São Paulo y Brasilia, además de otras 300 ciudades brasileñas y en 17 países, fueron convocadas por la Campaña Nacional Fuera Bolsonaro, respaldada por una decena de partidos de izquierda, centrales sindicales y el grupo Direitos Já!, que reúne a líderes de 19 bancadas.
Aunque las manifestaciones lograron mayor adhesión de partidos que en movilizaciones pasadas, las bancadas de derecha que rompieron con el gobierno se negaron a participar.
En el céntrico barrio Candelaria en Río de Janeiro, cientos de personas marcharon portando pancartas que decían “Fuera presidente” “Frente amplio, impeachment ya”.
En las concentraciones se veía un espectro más amplio de banderas, no sólo las rojas del Partido de los Trabajadores (PT), del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que suelen predominar, sino también estandartes de la Central Única de Trabajadores, el movimiento LGBT y la de Brasil, usada como símbolo en las marchas pro-Bolsonaro. Había además banderas de los partidos Socialista Brasileño (PSB), Democrático Laborista (PDT) y Comunista (PC do B), entre otros.
“Vamos a lograr sacarlo, la apuesta del pueblo presente en las calles es que haremos que los parlamentarios sean presionados y acaben pidiendo el impeachment” de Bolsonaro, dijo Elizabeth Simoes, profesora jubilada de 69 años.
En la Cámara de Diputados aguardan más de un centenar de pedidos de juicio político contra Bolsonaro, pero su presidente, Arthur Lira, aliado del gobierno, ha dado señales de que no serán tramitados.
Asediado por investigaciones judiciales, inflación, desempleo y una caótica gestión de la pandemia que ha dejado casi 600 mil muertos, la popularidad de Bolsonaro se desplomó en los meses recientes a 22 por ciento, su nivel más bajo desde que llegó al poder en enero de 2019.
“Todo está muy caro, la culpa es de Bolsonaro”, se leía en pancartas en el Salvador o junto a una bombona inflable de gas en Río de Janeiro.
A un año de las elecciones de 2022, el presidente ultraderechista obtendría 26 por ciento de los sufragios en la primera vuelta, frente al 44 por ciento para Lula, según una encuesta del Instituto Datafolha del 17 de septiembre.
Esta semana, el mandatario se enfocó en celebrar con actos e inauguraciones sus mil días de gobierno, dejando de lado los ataques a las instituciones que mantuvo durante semanas, especialmente contra el poder judicial.
Las movilizaciones de ayer ocurren después de que el 7 de septiembre Bolsonaro lideró masivas manifestaciones en Brasilia y São Paulo, donde se concentraron unos 125 mil simpatizantes.
En cuanto a la investigación en la fiscalía a Michelle Bolsonaro, se señaló que ésta medió para incluir a pequeños empresarios, como una confitería de la capital, en el Programa Nacional de Apoyo a las Microempresas y Pequeñas Empresas. Esas firmas recibieron “tratamiento vip” y préstamos por encima de los límites previstos por ley. La investigación se basa en información de un artículo publicado por la revista Crusoé. El banco llegó a abrir una investigación interna tras la detección de un “fallo extraño” en el sistema de control. La auditoría identificó las siglas PEP (persona expuesta políticamente) y llegó finalmente a las indicaciones de la esposa del mandatario.
