Hace tres años, el 2 de octubre de 2018, un comando de oficiales sauditas asesinó al periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul. El propósito del asesinato era silenciar a Khashoggi y atemorizar a los críticos del régimen saudita al mostrar que se les perseguiría y castigaría como si fueran agentes de una potencia extranjera.

Esta semana se reveló que en 2017, un año antes del asesinato de Khashoggi, la CIA había maquinado el secuestro o asesinato de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, quien cinco años antes se había refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Un alto funcionario estadunidense de contrainteligencia señaló que “en los más altos niveles” del gobierno de Donald Trump se discutieron planes para la entrega forzada de Assange a Estados Unidos. El informante fue uno de los más de 30 funcionarios estadunidenses –ocho de los cuales confirmaron detalles de la propuesta de secuestro– citados en una investigación de 7 mil 500 palabras de Yahoo News sobre la campaña de la CIA contra Assange.

El plan era “irrumpir en la embajada, sacar a rastras a Assange y llevarlo adonde queremos”, recordó un antiguo oficial de inteligencia. Otro informante comentó que tuvo conocimiento de una reunión celebrada en la primavera de 2017 en la que Trump preguntó si la CIA podría asesinar a Assange y plantear “opciones” de cómo hacerlo. Trump lo ha negado.

Mike Pompeo, jefe de la CIA designado por Trump, declaró en público que clasificaría a Assange y a WikiLeaks como equivalentes a “un servicio hostil de inteligencia”. Apologistas de la CIA aseguran que la libertad de prensa no estaba amenazada, porque Assange y los activistas de WikiLeaks no eran verdaderos periodistas. Los funcionarios de inteligencia del más alto nivel intentaban decidir quién es periodista y quién no, y cabildeaban con la Casa Blanca para redefinir a otros periodistas de alto perfil como “traficantes de información”, a quienes se consideraría susceptibles de ser atacados, como si fueran agentes de una potencia extranjera.

Entre aquellos a quienes se mencionó que la CIA quería atacar estaban Glenn Greenwald, fundador de la revista Intercept y ex columnista de The Guardian, y Laura Poitras, cineasta documentalista. Los argumentos para hacerlo eran similares a los empleados por el gobierno chino para suprimir a disidentes en Hong Kong, los cuales fueron muy criticados en Occidente. Encarcelar periodistas como espías ha sido siempre la norma en países autoritarios, como Arabia Saudita, Turquía y Egipto, en tanto que denunciar a la prensa libre como antipatriota es una marca más reciente de gobiernos nacionalistas populistas que han llegado al poder en todo el mundo.

Sólo es posible hacer un breve resumen de la extraordinaria historia expuesta por Yahoo News, pero los periodistas que la escribieron –Zach Dorfman, Sean D. Naylor y Michael Isikoff– deben arrasar con todos los premios periodísticos. Sus revelaciones deben ser de particular interés en Gran Bretaña, porque fue en las calles del centro de Londres donde la CIA planeaba un asalto extrajudicial a una embajada, el secuestro de un ciudadano extranjero y su entrega secreta a Estados Unidos, con la alternativa de asesinarlo.

No se trataba de ideas deschavetadas de oficiales de inteligencia de bajo nivel, sino de operaciones que, según la información, Pompeo y la agencia tenían toda la intención de llevar a cabo. Esta fascinante y trascendental historia, basada en múltiples fuentes, debería atraer extensa cobertura y variados comentarios editoriales en los medios británicos, para no mencionar al Parlamento. Muchos periódicos han publicado cuidadosas versiones de la investigación, pero no han causado furor. Hay desconcertantes vacíos de cobertura, como en la BBC, que sólo dio cuenta del caso, hasta donde puedo ver, en su servicio de radio para Somalia. El Canal 4, normalmente tan diligente en defender la libertad de expresión, al parecer no mencionó la noticia para nada.

De hecho, el ataque a la embajada nunca ocurrió, pese a lo avanzado de la planeación. “Hubo una discusión con los británicos sobre poner la otra mejilla o mirar para otro lado cuando un equipo de tipos entrara e hiciera una acción”, aseveró un ex alto oficial de contrainteligencia estadunidense, quien añadió que los británicos se negaron a permitir la operación.

Sin embargo, el gobierno británico realizó su propia acción contra Assange, menos melodramática, pero más efectiva, al sacarlo de la embajada el 11 de abril de 2019, luego de que el nuevo gobierno de Ecuador revocó el asilo. Dos años y medio después, Assange permanece en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, mientras Washington apela contra una decisión judicial de no extraditarlo a Estados Unidos por un posible riesgo de suicidio.

Si se le extradita, enfrentaría 175 años de prisión. Sin embargo, es importante entender que sólo cinco de ellos estarían fundados en la Ley de Fraude y Abuso con Computadoras, en tanto que los otros 170 años potenciales serían conforme a la Ley de Espionaje de 1917, adoptada durante el punto más alto de la fiebre de patriotismo a raíz de que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial.

Sólo un pequeño cargo contra Assange se refiere a la revelación por WikiLeaks, en 2010, de una colección de cables diplomáticos estadunidenses y reportes del ejército relativos a las guerras de Irak y Afganistán. Los otros 17 cargos están relacionados con clasificar investigación periodística normal como equivalente al espionaje.

La determinación de Pompeo de mezclar investigación periodística con espionaje tiene particular relevancia en Gran Bretaña, porque la secretaria del interior, Priti Patel, pretende hacer prácticamente lo mismo. Propone actualizar la Ley de Secretos Oficiales para que periodistas, denunciantes ciudadanos y filtradores de noticias enfrenten sentencias hasta de 14 años de prisión. Un documento de consulta emitido en mayo, titulado Legislación para Contrarrestar Amenazas al Estado (Actividad Hostil al Estado) redefine el espionaje como “el proceso encubierto de obtener información confidencial delicada que normalmente no está a disposición del público”.

La verdadera razón de que la exclusiva acerca del complot de la CIA para asesinar a Assange haya sido ignorada o minimizada es que, desde todos los credos políticos, de izquierda, derecha o centro, se le está relegando injustamente como un paria.

Por dar sólo dos ejemplos, el gobierno estadunidense ha seguido afirmando que las revelaciones de WikiLeaks en 2010 pusieron en riesgo vidas de agentes estadunidenses. Sin embargo, el ejército de ese país reconoció en una audiencia judicial en 2013 que un equipo de 120 oficiales de contrainteligencia no logró hallar en Irak o Afganistán una sola persona que hubiera muerto por dichas revelaciones. En cuanto a las acusaciones de violación en Suecia, muchos sienten que bastaría con ellas para negar a Assange cualquier aseveración de ser un mártir en la causa de la libertad de prensa. No obstante, el fiscal sueco sólo realizó una “investigación preliminar” y no se han presentado cargos.

Assange es una clásica víctima de la “cultura de cancelación”, tan satanizado que ya no puede obtener una audiencia, ni siquiera cuando un gobierno conjura para secuestrarlo o asesinarlo.

En realidad, Khashoggi y Assange fueron perseguidos sin tregua por el Estado porque cumplieron el deber primordial de un periodista: descubrir información importante que el gobierno quiere mantener en secreto y revelarla al público.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya