Hace unas semanas, en una de sus últimas acciones como gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, en conjunto con su ahora ex secretario de Economía, Carlos Fernando Bárcenas Pous, emitió un edicto para expropiar más de mil hectáreas propiedad de 11 familias en el municipio de Mazapil para entregarlas “por causa de utilidad pública” a la Minera Peñasquito, empresa de la estadunidense Newmont y de la canadiense Goldcorp.
En un oficio de agosto pasado, marcado con el folio SE/554/2021 y firmado por ambos funcionarios priístas, se solicita la expropiación del terreno “en beneficio de la colectividad de la región, pues conforma un sistema integral de extracción y abasto de agua para la operación de la mina”, por lo que dicha superficie “resulta indispensable e insustituible para el funcionamiento de la sociedad”.
Terreno en litigio
Peñasquito es la productora de plata y oro más grande del país; en contraste, Mazapil es el segundo municipio más pobre de Zacatecas, cuyos habitantes sufren escasez de agua.
Los terrenos que el ex gobernador y el ex secretario de Economía estatal buscaron expropiar justo antes de dejar sus cargos están en disputa desde 2014; pues se trata de un polígono propiedad de 11 personas que acusan a la minera de despojo mediante la presentación de escrituras apócrifas. Tal y como publicó este diario el pasado 19 de septiembre (https://cutt.ly/YEUM0bv).
“Instruido por la jefatura de la oficina del gobernador (de Zacatecas), se solicita la expropiación de un predio propiedad de Ambrosio Gallegos Bustamente (ex dueño de todo el polígono), con una superficie de mil 134 hectáreas de terreno, ubicadas en el municipio de Mazapil, Zacatecas, a favor de la persona moral Minera Peñasquito”, dice el oficio.
De acuerdo con el documento, la solicitud de expropiación fue hecha por Alejandro Guevara Laborde, apoderado legal de Minera Peñasquito, y aprobada por Tello Cristerna y Bárcenas Pous.
Una década de despojo, reconoce la empresa
En su solicitud, el representante de la minera argumenta que el predio se encuentra en posesión de Peñasquito desde hace 10 años, formando parte de un sistema integral de extracción y abasto de agua para su operación minera, dentro de los que se encuentra tubería de conducción, bombas, transformadores de energía eléctrica y caminos de acceso.
La importancia de dichas tierras radica en que en ellas la minera perforó un pozo de agua que es combinada con cianuro para su uso industrial en el proceso de extracción de metales. No obstante, en el proceso el líquido queda inservible para el consumo humano, provocando escasez en la región, además de enfermedades entre la población, muerte a la vida silvestre y daño al medio ambiente.
Pese a que el oficio con el que se busca expropiar las tierras de 11 ejidatarios en beneficio de un par de mineras extranjeras asegura que es en beneficio de la región, los propietarios sostienen que es todo lo contrario, pues el arroyo de agua con el que se abastecía la localidad se ha secado, además de que la pobreza es palpable. “Los únicos beneficiados son los dueños de la mina, no la población”, coincide el grupo de afectados.
