El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, alertó sobre “tendencias regresivas a escala internacional que buscan echar atrás los avances legales que reconocen los derechos de las mujeres y de minorías”. Para el ministro, los impartidores de justicia deben tomar un papel activo frente a “movimientos muy fuertes que a partir de la polarización quieren avasallar derechos de las minorías o de quienes son diferentes”, pues el tema trasciende a grupos particulares y se instala en el terreno de la defensa de la democracia misma.
Estos llamados cobran una especial resonancia al provenir de quien, en su papel de máxima autoridad del Poder Judicial de la Federación, impulsó dos de los más significativos avances de la nación en la materia: las sentencias que despenalizan el aborto a escala nacional e impiden que la objeción de conciencia sea utilizada como un pretexto para negar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Las tendencias referidas por el ministro presidente pueden verse en la creciente fuerza de formaciones políticas de ultraderecha como la española Vox, que propugna sin tapujos sus doctrinas fascistas y que ha envalentonado a la derecha tradicional a deslizarse hacia posiciones extremas. En esta deriva se inscriben las declaraciones de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y del ex mandatario José María Aznar, ambos del Partido Popular, para quienes “el indigenismo es el nuevo comunismo” y una nueva “leyenda negra” dirigida a “deshacer el legado de España”.
De manera más inmediata y concreta, los recientes acontecimientos en Colima muestran la beligerancia de los sectores empeñados en imponer a toda la sociedad sus creencias religiosas y los preceptos morales que extraen de ellas. En esa entidad, activistas antiaborto se unieron a taxistas y burócratas –quienes protestaban por demandas sectoriales– para retener a los legisladores locales y obligarlos a retirar del orden del día la discusión de tres iniciativas, entre las que se encontraba la que buscaba armonizar la Constitución del estado con la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la prohibición del aborto.
Es inadmisible que estos poderes fácticos y sectores ultraconservadores secuestren la vida republicana del país para imponer sus agendas, y está claro que el Estado debe responder al desafío anti-institucional con la fuerza de una convicción democrática desplegada con toda firmeza, dentro de cauces pacíficos y legales.
Asimismo, es menester echar mano de la educación para contrarrestar la perniciosa influencia de chovinismos, fundamentalismos, ignorancias, supersticiones y propagadores de desinformación como los grupos conspiranoicos o los antivacunas, más peligrosos que nunca en el actual contexto pandémico. No hay otro camino que ampliar la cobertura y la calidad de la enseñanza para empujar el retroceso de las tendencias autoritarias, cavernarias, regresivas, patrimonialistas y corruptas que son lacras para los derechos no únicamente de las minorías, sino de toda la población.
