A más de cuatro años del desalojo forzado de la comunidad Laguna Larga del municipio San Andrés de El Petén, Guatemala, la crisis humanitaria en que viven las más de 115 familias en la franja fronteriza entre ese país y México “se ve agudizada”, mientras que el gobierno guatemalteco hace caso omiso a las medidas cautelares que emitió para este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017, afirmaron organizaciones de ambos países.

En conferencia de prensa virtual, Rubén Domingo, representantes legal de la comunidad Laguna Larga, destacó que 14 personas han fallecido en este contexto. Indicó que los niños, adultos mayores, jóvenes, hombres y mujeres que fueron desplazados se encuentran en una situación “inhumana, deplorable” que no cuentan con servicios elementales.

Por ello, agregó, “estamos responsabilizando al Estado de Guatemala, principalmente al gobierno de Alejandro Giammattei, que nada ha hecho en este periodo”.

Aldo Ledon, de Voces Mesoamericanas, México, expuso que la comunidad de Laguna Larga, es “el reflejo de la política de despojo de territorios de lado guatemalteco con la justificación de la conservación de las áreas naturales protegidas”.

Por su parte, Enrique Maldonado, consultor, señaló que en una reciente visita a las familias desplazadas en el municipio de Candelaria, Campeche, se pudo constatar que carecen de alimentos y están propensos a enfermar. Agregó que durante 2021 “nacieron ocho bebés y ninguno está registrado, no pueden ser inmunizados en puesto de salud en Guatemala y para ello han acudido al sistema de salud mexicano”.