Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con integrantes de su gabinete para definir la iniciativa de reforma referente al litio. La semana pasada comentó que se analizaba si se presenta este apartado junto con las modificaciones constitucionales para la industria eléctrica o por separado.

Al final de la conferencia de prensa matutina señaló que tendría una reunión para abordar el tema con los secretarios de Gobernación, Economía y de Relaciones Exteriores, así como con el director de la Comisión Federal de Electricidad y otros servidores públicos.

Desde hace varios meses se le ha insistido en el particular; primero señaló que se integraría un grupo de análisis en la Secretaría de Economía y luego informó de la existencia de una iniciativa de reforma.

De acuerdo con el gobierno federal, al momento sólo hay concesiones para etapas iniciales de exploración de este mineral, conocido también como “oro blanco” y utilizado de manera preponderante para fabricar baterías eléctricas recargables; sin embargo, diversas versiones apuntan a la existencia de extensas reservas mineras (Bolivia tiene las mayores del mundo de ese metal).

Gas licuado, bajo control

En otro tema, el presidente López Obrador aseguró que el precio del gas licuado seguirá bajo control, con base en la estrategia actual. “Vamos a estar pendientes, y consideramos que vamos a poder mantener controlados los precios del gas. Ha funcionado lo del precio máximo y está ayudando también lo del Gas Bienestar”, señaló.

En una gráfica mostró los repuntes de precios en el primer semestre de este año, lo cual obligó a fijar precios máximos regionales; a partir de julio, cuando se tomó la decisión, dijo, empezó la baja de tarifas, tanto el distribuido en tanque estacionario como en cilindro.

Ante versiones acerca de trabas en la Comisión Reguladora de Energía para autorizar la venta de gas, el mandatario se comprometió a investigar el asunto, aunque por ahora subrayó que gracias a la nueva integración del organismo fue posible colocar los precios máximos, situación que no habría ocurrido en el periodo neoliberal, cuando las empresas mandaban al gobierno.