Fue un gesto político, no judicial: el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (ZLdeL), recibió ayer a administradores y beneficiarios de fondos públicos, a título de consultores científicos privados, que están explicablemente preocupados por la pretensión de la Fiscalía General de la República (FGR) de llevarlos a la cárcel y sujetarlos a proceso penal.

No habría razón práctica para que un grupo de ciudadanos obtuviera una audiencia con el representante del Poder Judicial Federal (PJF) a partir de una solicitud de órdenes de aprehensión que ha sido negada dos veces por jueces. Tiempo y oídos faltarían si privilegio similar se otorgara a quienes deseen hablar con el ministro presidente de la Corte por un proceso judicial que ni siquiera ha iniciado y que ya tiene dos rechazos formales. La respuesta de ZLdeL fue protocolaria: asentó que los escuchaba con respeto y atención, en función de que ellos lo habían solicitado, y reiteró lo obvio: que el PJF “seguirá actuando con independencia e imparcialidad”. Oh, sí.

Pero sí tiene consecuencias políticas el trato especial prodigado a científicos emproblemados por ZLdeL, quien anda muy activo en cuanto a suavización de imagen (luego del bajón a causa del intento de continuidad en la Corte), lo que le ha llevado al lenguaje inclusivo, a la identificación declarativa con causas feministas y a las grabaciones “buena onda” en Tik Tok.

Podría ser (ya se verá el desenlace) que recibir a los quejosos sea un mensaje a la fiscalía ocupada por el licenciado TortuGertz, lentísimo en la gran mayoría de los temas y velocísimo en los que le interesan. Prometer que se seguirá actuando con independencia e imparcialidad no dice nada nuevo en materia judicial, pero tal vez sea un mensaje en lo político, en busca de bajar de intensidad un conflicto que puede ser judicializable, pero no en los términos propuestos por el fiscal.

En otra vertiente apareció el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, con una carga de información que no por tardía (cuando tanto ha escalado el conflicto con esos manejadores de fondos públicos a título científico) es menos importante. En un lance que no le es frecuente, el vocero presidencial acometió con datos y detalles contra las versiones mediáticas que han ido construyendo una percepción victimizada de los administradores de fondos públicos antes citados.

En una serie de tuits, Ramírez Cuevas señaló que durante 16 años, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico “recibió 571 mdp, pero sólo 100 mdp los utilizó para proyectos de ciencia y tecnología; lo demás lo usó en gastos operativos”. El citado foro “gastó 471 mdp en tintorería, comidas, viajes y salarios. El primero de diciembre de 2018, el @GobiernoMX cambió las reglas de financiamiento; el foro presionó para recibir 33 mdp del @Conacyt_MX, habiendo ejercido ya 16 mdp, adjudicados desde la administración de EPN”.

En tanto, organizaciones como el Consejo Académico de El Colegio de México han hecho pronunciamientos que en el fondo demandan que la lucha contra la corrupción no dé paso a arbitrariedades ni excesos, que se frene el proceso de estigmatización contra los ex funcionarios del foro y la comunidad científica en general.

La batalla que se libra en este terreno es importante en función del intento de la fiscalía gertziana, teóricamente autónoma, pero inscrita en el rodado de la llamada Cuarta Transformación, de castigar hechos de corrupción en un segmento privilegiado de la sociedad. El contraste es fuerte, sin embargo, con la tardanza de la 4T en otros terrenos: el de los cárteles del crimen organizado y el de los poderosos del pasado reciente, los peñistas y los calderonistas, hasta ahora impunes casi todos. ¡Hasta mañana, con el actor de reparto (monetario), Ricardo Anaya, en la segunda entrega de sus videos de exculpación por sí mismo!

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