La Paz., El ex ministro golpista de Gobierno Arturo Murillo, detenido desde mayo en Estados Unidos, enfrenta un gran riesgo de condena por corrupción y lavado de dinero después de que cuatro acusados en el mismo proceso se declararon culpables, informó ayer el procurador general boliviano, Wilfredo Chávez.
“La admisión de culpa de sus cuatro cómplices lo deja mal parado, creo que se ha diluido esa esperanza para quienes pensaban que Murillo era inocente, que esto es una trama que se ha armado desde Bolivia, o peor aún, desde Estados Unidos”, sostuvo Chávez al servicio de radio del diario local La Razón.
Murillo, ministro de Gobierno de la presidenta golpista Jeanine Áñez, está acusado en Miami de encabezar una operación internacional de corrupción derivada de una compra con sobreprecio de equipo y material antidisturbios para la policía, durante las primeras semanas del régimen de facto.
La situación procesal inmediata del ex ministro se definirá en una audiencia programada para el 8 de octubre, oportunidad en la cual Murillo tendrá la opción de declararse culpable o enfrentar un juicio, apuntó Chávez.
El procurador informó que, en una audiencia realizada ayer en Miami, los cuatro socios de Murillo se declararon culpables de conspirar para lavar dinero, sobornar a funcionarios y otros delitos.
Los implicados son el ex jefe de gabinete y asesor de Murillo, Sergio Rodrigo Méndez, y los empresarios boliviano-estadunidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes participaron en la compraventa de los materiales antidisturbios y en las operaciones bancarias relacionadas, y pueden ser condenados a 10 años de cárcel.
El procurador sostuvo que Murillo “tiene muy pocas posibilidades de salir al paso porque los otros miembros se han declarado culpables y eso es irretractable; están muy mermadas las posibilidades de que vaya por otro camino, pues los delitos existen y ya hay responsables penales”.
Chávez aseguró que hay pruebas de que Murillo presionó al Banco Central de Bolivia para que desembolsara el dinero público utilizado en la compra de gas lacrimógeno y otros materiales policiales, por un monto de 5.6 millones de dólares, de los cuales 2.6 millones terminaron ilegalmente en manos de los procesados.
En tanto, la fiscalía admitió una denuncia contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por “racismo y ultraje a símbolos patrios” luego de la retirada de la wiphala (bandera indígena)durante un acto conemorativo de la independencia el viernes pasado. Camacho fue uno de los principales orquestadores del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en octubre de 2019.
