De un total de 123 programas sociales que operaron en 2021 con el propósito de garantizar el acceso efectivo al derecho al medio ambiente sano, sólo 14 (equivalentes a 11 por ciento) fueron “relevantes” para contribuir a dicha tarea, mientras los 108 restantes fueron considerados “no relevantes”, indicó el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz.
En un conversatorio virtual organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el especialista detalló que de los 14 esquemas mencionados, cuatro fueron calificados de “fuertemente relevantes”, siete son “medianamente relevantes” y tres “ligeramente relevantes”.
En la primera categoría se incluyeron los programas de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; Mejoramiento Urbano; Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, y para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas. En conjunto, todos ellos dispusieron de 14 mil 587 millones de pesos en 2021, con actividades a las cuales hay que dar “seguimiento y continuidad”, señaló Cruz.
En cuanto a los considerados “medianamente” y “ligeramente relevantes”, la recomendación del Coneval es otorgarles recursos suficientes para que alcancen un nivel más alto de efectividad. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, todos ellos tienen alzas –al menos marginales– respecto al año en curso.
Al ser consultadas sobre el significado del término “no relevante”, fuentes cercanas al tema explicaron que aunque dichos esquemas no contribuyeron a cumplir el derecho al medio ambiente, no quiere decir que no tengan ninguna utilidad en absoluto, pues quizá inciden en el cumplimiento de otras metas.
De acuerdo con Cruz Marcelo, algunos de los principales retos identificados por el Coneval en este terreno, en el periodo 2015-2018, son falta de avances suficientes en infraestructura de agua potable –sobre todo en el sur y sureste del país–; mala calidad del aire en las principales ciudades, y pérdida de la vegetación original en 50 por ciento del territorio nacional.
Por su parte, Rodrigo Galindo, gerente del programa de bienes comunales y territorio de Oxfam México, destacó que la minería y otras actividades extractivas tienen alto costo en términos de daños medioambientales, y no generan distribución justa de la riqueza, por lo que es necesario promover un modelo de economía más “humana y justa”.
