La Habana. Cuba aprobó las primeras 35 Pequeñas y medianas empresas (Pymes) en cinco décadas, lo que implica un cambio importante en su escenario económico, en el cual el Estado ha sido prácticamente el único actor productivo y mercantil de la isla.

Un anuncio del Ministerio de Economía y Planificación en un canal de la plataforma de internet Telegram este miércoles por la noche que la institución mantiene para contactar con emprendedores indicó que, de las nuevas firmas, 13 son de producción de alimentos, seis de manufacturas y tres de reciclaje entre otras.

“La medida da luz verde a la creación de estos nuevos actores económicos, que pueden ya proceder a su constitución como personas jurídicas para ejercer sus actividades económicas”, indicó el texto de la dependencia oficial.

Geográficamente están distribuidas en 11 de las 15 provincias del país y 20 de ellas son reconversiones de negocios ya funcionando en la anterior etapa, una tímida apertura a la iniciativa privada realizada desde 2010 por el expresidente Raúl Castro.

La convocatoria para que los interesados iniciaran el procedimiento comenzó el 20 de septiembre y en este primer “llamado” se convidó a los que tuvieran interés de abrir sus Pymes en áreas priorizadas como producción de víveres o con bases tecnológicas --por ejemplo programadores--. No se especificó la cantidad de solicitudes enviadas en estos días, pero “hasta el momento ninguna ha sido denegada” sino que continúan siendo evaluadas, indicó la nota del ministerio.

Las autoridades dijeron que posteriormente se abrirán invitaciones para otros rubros de la producción o los servicios, pero no precisaron cuándo. Las empresas deberán constituirse como Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL).

En agosto y tras por lo menos cinco años de haberlas prometido, las autoridades publicaron una veintena de leyes que autorizan las Pymes -con entrada en vigor desde el 20 de septiembre-, con el objetivo de ayudar a salir adelante a la economía de la isla, que enfrenta una dura crisis producto de las sanciones estadounidenses, la pandemia del nuevo coronavirus -que entre otros paralizó el turismo- y las ineficiencia de un modelo fuertemente centralizado.

Las normas tienes como excepciones sectores en los cuales el Estado mantendrá el monopolio como la educación, la salud o las fuerzas armadas, y tampoco permitió el ejercicio independiente a los profesionales como ingenieros, arquitectos o abogados.

Bodegas, talleres de refacciones, peluquerías o comercios al por menor fueron clausurados o absorbidos por el Estado en 1968 como parte de una ofensiva contra la iniciativa privada que había comenzado al triunfo de la revolución en 1959.

Los productores particulares y empresarios fueron estigmatizados en la isla. En 2010 Castro reconoció la necesidad de una apertura para descomprimir la inflada plantilla estatal y eliminar la ineficiencia de la economía, por lo que se abrieron permisos para “cuentapropistas”, pequeños empresarios que hicieron florecer restaurantes, casas de alojamiento para turistas, se pusieron a operar taxis o crearon pequeñas industrias a las cuales no se reconocía como empresas.